La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a los partidos políticos y a las instituciones de los tres órdenes de Gobierno a construir una ruta que permita a los habitantes de Sinaloa recuperar condiciones de seguridad y evitar cualquier vínculo con grupos del crimen organizado.
Ante medios de comunicación, la legisladora sostuvo que existe una exigencia ciudadana en Sinaloa para que las autoridades prioricen la seguridad y se mantengan alejadas de los cárteles del narcotráfico.
“Yo estoy convencida que hay hoy una exigencia en Sinaloa que tiene que ser acompañada por las decisiones de quienes están en los cargos públicos y la exigencia es mayor seguridad y no cercanía con los cárteles o el crimen organizado”, afirmó.
Destacó que, incluso con la nueva solicitud de licencia de Rocha Moya, hay distintos grupos parlamentarios que están exigiendo que haya desaparición de poderes en Sinaloa. Por lo que llamó a encontrar una ruta que permita a quienes viven en la entidad el mejor futuro posible.
Cuestionada sobre el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, López Rabadán señaló que confía en que las decisiones del país sean tomadas por quienes actualmente ocupan los cargos públicos.
“Es la primera mujer presidenta en la historia y yo me rehúso a creer que haya un expresidente tomando decisiones. Eso sería terrible para la nación y, por supuesto, para la lucha de las mujeres en la toma de decisiones”, dijo tras ser cuestionada sobre las versiones que apuntan a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa dando instrucciones.
La diputada federal coincidió en que la decisión anunciada por Rocha Moya inicialmente parecía responder a intereses personales, por lo que llamó a evitar que cualquier fuerza política pueda colocarse por encima de las instituciones.
“El intento de abuso de poder o el intento de tener más poder incluso después de que alguien concluya su cargo, me parece terrible para la política”, señaló.
López Rabadán reiteró que espera que las decisiones relacionadas con Sinaloa se conduzcan por las vías institucionales y que los distintos actores políticos contribuyan a encontrar una salida que permita garantizar seguridad a la población.