En la delegación de La Pila, en el municipio de San Luis Potosí, un predio dedicado al almacenamiento y acopio de residuos peligrosos terminó con sellos de clausura luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectara diversas irregularidades durante una inspección derivada de una denuncia ciudadana.
La diligencia se realizó en los primeros días de agosto del 2026 para revisar que el establecimiento cumpliera con las disposiciones ambientales relacionadas con la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje, acopio y disposición final de residuos peligrosos.
Durante el recorrido, personal de la Profepa constató que el establecimiento no contaba con registro como generador de residuos peligrosos. Tampoco tenía un almacén ni una bitácora destinada al control de los materiales que permanecían en el sitio.
A esto se sumó que los residuos no estaban debidamente identificados, clasificados, etiquetados o marcados, además de que se observó su mezcla con otros materiales. El predio también recibía residuos peligrosos provenientes de terceros sin contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante este escenario, la Procuraduría impuso la clausura temporal total de las actividades de almacenamiento y acopio de residuos peligrosos provenientes de terceros y colocó sellos oficiales en los accesos para impedir que las operaciones continuaran.
Como parte de las medidas correctivas de urgente aplicación, la Profepa ordenó suspender de inmediato la recepción de residuos peligrosos que llegaran al predio.
También deberá enviarse a disposición final el material encontrado durante la inspección mediante empresas autorizadas por la Semarnat. El establecimiento tendrá que presentar ante la Procuraduría los manifiestos originales que acrediten que los residuos fueron entregados correctamente a transportistas y destinatarios autorizados.
La autoridad dará seguimiento al expediente administrativo y verificará que las medidas correctivas sean cumplidas durante el procedimiento correspondiente.
Las irregularidades detectadas podrían representar incumplimientos a la legislación ambiental en materia de residuos peligrosos y, dependiendo de las circunstancias que se determinen, podrían derivar en sanciones de hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).