Con el rechazo de la oposición, al advertir que se afecta a sectores vulnerables y marginados, el Senado aprobó la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, con la cual el gobierno federal busca favorecer los cobros a través de métodos digitales y reducir el uso del efectivo.
Con 72 votos a favor y 34 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y PT aprobaron esta ley, que establece el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas electrónicas para el pago de servicios en sectores determinados, entre ellos gasolineras y casetas en las autopistas.
La oposición rechazó este decreto, que se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, al advertir el impacto que tendrá en importantes sectores de la población que no están bancarizados, no tienen acceso a internet o enfrentan rezago tecnológico, sobre todo en zonas rurales y entre personas adultas mayores.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que la ley es un cheque en blanco para que la Secretaría de Hacienda decida dónde ya no se utilizará el efectivo e, incluso, tenga discrecionalidad sobre los montos, pues acusó que la legislación no los establece.
“No votaremos un cheque en blanco para que Hacienda decida dónde se debe pagar vía digital, además de que no define sectores ni montos”, acusó.
El morenista Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la oposición y acusó que rechaza esta ley porque defiende a los narcotraficantes, quienes —aseguró— son los que utilizan el efectivo.
“Nos acusan de narcopartido, pero son ustedes quienes defienden al narco porque son ellos los que utilizan el efectivo; la población cuenta con tarjetas del Bienestar y por todo el país hay Bancos del Bienestar”, fustigó.
Pero la respuesta llegó por parte de la senadora priista Carolina Viggiano.
“Pues Andrés Manuel López Obrador será el que sufrirá más porque está acostumbrado a pagar y recibir en efectivo. Así está documentado en todas sus campañas”, reviró.
¿Qué establece la nueva Ley de Economía Digital?
Con esta ley se obligará a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen las acciones necesarias para aceptar pagos electrónicos y digitales para la atención de trámites y servicios.
La reforma no plantea eliminar de manera inmediata y generalizada el dinero en efectivo, sino permitir que la Secretaría de Hacienda determine los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago, bajo condiciones y plazos de transición específicos.
De acuerdo con el régimen transitorio, una vez que el decreto entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades en los que podrá establecerse la exclusividad de los pagos digitales.
Posteriormente, las autoridades competentes contarán con otros 15 días hábiles, a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos de transición.
La propuesta también contempla que, cuando una contingencia técnica o de conectividad imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita temporalmente el uso de efectivo o cheques.
Con ello, se busca evitar que las fallas en los sistemas paralicen las operaciones comerciales o afecten los ingresos de los establecimientos.
Oposición advierte afectaciones a comercios, personas no bancarizadas y privacidad
Al presentar el dictamen de las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, defendió que la legislación busca ampliar la inclusión financiera, facilitar las transacciones y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Expuso que México cuenta con infraestructura como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y DiMo, pero su utilización todavía no alcanza a todos los sectores.
De acuerdo con las cifras citadas por el legislador, durante 2025 se realizaron más de siete mil 300 millones de transferencias mediante SPEI.
Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que la reforma podría imponer costos adicionales a comerciantes y consumidores, además de ampliar la capacidad de vigilancia gubernamental sobre las operaciones financieras.
El senador del PAN José Máximo García cuestionó que la Secretaría de Hacienda pueda determinar los sectores en los que el pago digital será obligatorio, sin que, a su juicio, existan criterios suficientemente claros.
También señaló que en comunidades rurales persisten problemas de conectividad y acceso a servicios bancarios.
En la misma línea, la priista Karla Toledo sostuvo que las terminales, el internet y las comisiones bancarias representarían gastos para los pequeños establecimientos, que podrían trasladarse a los precios.
Asimismo, cuestionó la creación de la CURP Digital y del Expediente Digital Ciudadano por sus posibles implicaciones para la privacidad.
Por Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo afirmó que la iniciativa podría afectar a comerciantes y trabajadores que operan principalmente con efectivo y carecen de servicios bancarios.
Según las cifras citadas en el dictamen, el efectivo mantiene un peso predominante en las operaciones cotidianas, especialmente entre pequeños negocios y sectores con menor acceso a servicios financieros.
Los Censos Económicos 2024, retomados en el documento, señalan que el 80.7% de las unidades económicas utilizó efectivo para realizar compras y el 83.8% lo empleó para efectuar ventas.
Las transferencias electrónicas y las tarjetas tienen una participación menor, lo que refleja el margen de crecimiento que todavía existe para los medios de pago digitales.