A unas horas de que la Corte discuta la primera parte del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República advirtió al máximo tribunal de justicia del país, que de anular esa reforma, estará sustituyendo facultades del Congreso de la Unión.

“De invalidarse este proceso legislativo del Plan B, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.

Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular—sostuvo--, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas.

“ De hacerlo, violaría el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, aseveró

La Consejería Jurídica de la Presidencia defendió este domingo las reformas del llamado “Plan B” electoral y recalcó que si la Corte las invalida, , estaría violando el trabajo del Poder Legislativo porque no hubo irregularidades durante su aprobación.

El proyecto del ministro, Alberto Pérez Dayán plantea invalidar la primera parte del llamado Plan B ante el cúmulo de irregularidades que se registraron en la aprobación de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

Ante ello, en días pasados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Corte que primero se analicen las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), antes que el Plan B de la reforma electoral.

Pese a ello, la Corte confirmó que discutirá entre el 8 y 12 de mayo las impugnaciones contra el llamado “Plan B” electoral.

Durante las últimas semanas la Corte ha sufrido un clima de hostigamiento e incluso se mantiene un plantó a las afueras de sus instalaciones donde simpatizantes del presidente López Obrador, insultan y agreden a los ministros de la Corte.

En un comunicado, la consejería jurídica de la Presidencia de la República, acusó a la Corte de fijar criterios distintos para evaluar las impugnaciones presentadas contra la Ley General de Comunicación Social, pues explicó que existen demandas contra la norma desde hace más de cinco años y nunca se buscó dictar sentencia con la misma velocidad que ahora.

“Resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el “plan B” en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, acusó

Acusó que l ministro Pérez Dayán no tomó en cuenta los razonamientos del gobierno de México y únicamente ha escuchado a la oposición que impugnó las reformas.

“De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido”, reclamó

La Consejería insistió en que no se afectó “el principio de deliberación democrática” y que se agotaron las etapas del proceso legislativo sin omitir la participación de algún grupo parlamentario, como señala la propuesta que discutirá la Corte esta semana.

En ese sentido, el gobierno federal llamó a los ministros a actuar con responsabilidad y privilegiar la resolución de las impugnaciones por encima de las “formalidades de trámite” que se habrían brincado los legisladores de Morena y aliados, según el proyecto de sentencia de la Corte.