El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, hizo la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2022 a la Cámara de Diputados en la que destacó que el documento se compone de un total de 1,359 auditorías, el mayor número presentado en terceras entregas desde que se realiza un reporte y en el que se indica el hallazgo de irregularidades por 32 mil 894, monto del cual falta por aclarar 29 mil 765 millones de pesos, de acuerdo con su matriz de datos.

En el reporte se advierte que los entes revisados sólo han podido comprobar 3 mil 128 millones de pesos.

Colmenares Páramo señaló que, al igual que en años anteriores, son en las entidades federativas en donde más irregularidades se localizan, ya que faltan por justificar más de 22, 892 millones de pesos, seguido del área de desarrollo económico, que mantiene irregularidades por 3,656 millones de pesos.

El funcionario indicó también que el reporte contiene mil 359 informes individuales de auditoría, esto es 149 auditorías de cumplimiento financiero, 56 de desempeño y 1,154 del gasto federalizado.

“El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 (PAAF 2022) se integró con 2,153 auditorías, una cifra sin precedentes en la cobertura fiscalizadora de la ASF”, dijo el auditor superior.

Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, mencionó que en materia de desempeño se realizaron 52 auditorías y cuatro relativas a gobernanza y control interno. De esas, 17 correspondieron a la finalidad de gobierno, 15 se relacionaron con el desarrollo social, 19 se asociaron al desarrollo económico y las cinco auditorías restantes son referentes a bonos y coberturas, así como a gobernanza y control interno.

Al respecto –aclaró el auditor- se generaron 299 recomendaciones al desempeño.

Con ello en esta tercera entrega sumamos 279 de cumplimiento financiero, 112 de desempeño y 1,762 revisiones al gasto federalizado

Por su parte, respecto a las auditorias de carácter forense, se creó otra área para las entidades federativas y municipales, así contamos ya con dos áreas forenses –en Cumplimiento Financiero y en Gasto Federalizado-. Por primera vez se realizaron 23 revisiones forenses, 12 a la administración pública federal y organismos autónomos y 11 a los gobiernos subnacionales.

Aseguró que a casi 200 años de la fiscalización de los recursos públicos, que se cumplen este año, México ha fortalecido la interlocución con los titulares de los tres órdenes de gobierno, además de que su “oferta siempre ha sido la de buscar y priorizar la prevención, mediante la capacitación y no convertir lo sencillo en complejo”.

“Hemos ido reduciendo las observaciones que no tenían razón de ser, pero cuando los demonios andan sueltos, éstos quieren ver sanciones, sangre y denuncias, donde no las hay. Entendemos los tiempos que vivimos, pero contando con el apoyo de nuestros auditores y colaboradores, trabajamos sin descanso y con objetividad. Asimismo, el apoyo de ustedes ha sido invaluable, prueba de ello ha sido el desarrollo tecnológico de nuestra Institución”.

David Páramo volvió a señalar que los municipios arrastran malas prácticas, pues prácticamente la totalidad de su presupuesto es fundamentalmente de las participaciones derivadas de la recaudación federal ya que sus recursos propios son muy bajos y las posibilidades recaudatorias de más de la mitad de los municipios son insuficientes.

Destacó que en las revisiones relevantes sobresalen, aunque con menores montos observados, al Consejo de la Judicatura, Conagua, Fonatur, Inegi, Ifetel, Instituto Nacional de Migración, al INE a Sedena, INAH, al DIF, al SAT, al Servicio de Protección Federal, al Infonacot, al IMSS, al ISSSTE, Pemex y la CFE y sus respectivas empresas subsidiarias.

Montos por aclarar

Como resultado de las 1,762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1 millones de pesos, pues al igual que en años anteriores, son en las entidades federativas en donde más irregularidades se localizan,

“Durango fue la entidad federativa con mayores observaciones, toda vez que alcanzó más de 3,900 millones de pesos, seguido de Baja California Sur, Puebla, Michoacán de Ocampo e Hidalgo, cuyos montos por aclarar superaron los 1,300 millones de pesos.

“La falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más del 64% del monto por aclarar”, indica el reporte

Recuperaciones operadas

Como resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 al Gasto Federalizado, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la Federación a raíz de la intervención de la Auditoría Superior, recursos por más de 3,128.2 millones de pesos; este importe histórico equivale al 142% de los recursos con los que contó la ASF para el ejercicio de sus funciones constitucionales, en virtud de que rebasó por más de 600 millones de pesos su presupuesto aprobado para ese ejercicio fiscal; es decir, que por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización, éste recuperó a la Federación 1.2 pesos.