Tenía un tumor en el cerebro, había perdido la visión en un ojo, caminaba con dificultad, ayudado por un bastón, y debía soportar fuertes dolores de estómago por una operación mal practicada.

Pero, casi con todos los males de salud posibles, lo acusaron del secuestro exprés de un político a más de 330 kilómetros del lugar donde vivía.

Tras casi un año encerrado en el penal de Zacatlán, Puebla, donde su petición permanente fue recibir los medicamentos necesarios para sobrevivir, Leonardo Chávez Vázquez, de 40 años, murió el 15 de enero de este año.

“Habríamos querido que pasara sus últimos días con nosotros, habríamos querido que en su caso hubiera justicia y sensibilidad de las autoridades, pero en este país eso es un sueño”, relata a este diario su padre: don Ángel Chávez.

La reciente noticia de la prisión domiciliaria concedida por un juez a Miguel Ángel Félix Gallardo abrió el camino para conocer otras historias de internos enfermos de gravedad y abandonados a su suerte, algunos de los cuales perdieron ya la batalla frente a la muerte.

No se trata aquí de dictaminar la inocencia o culpabilidad de los reos en esta condición, sino de apuntar hacia la discrecionalidad y desigualdad en la aplicación de los sustitutivos de pena.

Aunque el Código Penal Federal como el Código de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal dan facultad a los jueces -con la intervención de titulares de los sistemas penitenciarios y de peritos especializados en la cuestión médica- de conceder “medidas de seguridad” como la prisión domiciliaria a personas de edad avanzada o enfermos de gravedad, es una práctica en el abandono, inusual.

Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal tiene contabilizados en la actualidad 81 casos de presos vigilados en su domicilio, casi el 60 por ciento en la Ciudad de México. En 14 entidades de la República no hay registros de este beneficio.

De 2020 a julio de este año la cuenta es sólo de 14 procesos.

A Leonardo lo detuvieron el 25 de febrero de 2021 en el puerto de Veracruz, por un supuesto secuestro exprés ocurrido en el municipio poblano de Zacatlán. Pese a su deteriorado estado de salud, testigos y familiares han señalado tortura.

“Por los golpes que recibió, estuvo a punto de morir desde la detención. Él nació asmático y con problemas hormonales. Desde niño comenzó a engordar y terminó con obesidad mórbida. Quiso curarse de eso y se sometió a un tratamiento en el que en teoría le colocarían un cinturón en su sistema gástrico, pero fue defraudado; en realidad sólo le colocaron una malla que se le incrustó en los órganos y ya no podía comer bien”, cuenta su padre.

“Hace cinco años comenzó con dolores de cabeza muy fuertes y después de batallarle mucho con los médicos le encontraron un tumor en la hipófisis. Tuvieron que operarlo de urgencia, pero no se lo pudieron extirpar todo. Ya no veía con un ojo, rengueaba de una pierna. A veces se le iba la memoria, se quedaba como ido”.

-Y, en esa situación, ¿cómo fue su estancia en el penal? -se le pregunta.

-Muy desgastante. Cada mes teníamos que llevarle medicamentos, porque en el penal no había nada. Varias veces se puso grave, pero sólo algunas veces lo sacaron para llevarlo al hospital. Eso fue porque un juez de control dijo que las autoridades penitenciarias eran responsables de resguardar su salud. Hablamos con el abogado sobre su delicada salud, pero él apostó todo a un amparo. Jamás hubo respuesta. La ley no vale igual para todos.

Félix Gallardo: El respaldo

Después de la entrevista de Miguel Ángel Félix Gallardo a Telemundo -en agosto de 2021-, en la cual elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador, y tras las preguntas en la mañanera en torno a esas loas y a una posible amnistía a favor del llamado “Jefe de Jefes”, la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enviaron representantes al penal para hablar con el propio Félix y su defensa, confirma a Crónica José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, convencido de la urgencia de transitar de un modelo coercitivo a uno de reinserción, “pero bajo el principio de igualdad”.

“Presidencia envió a un abogado a entrevistarse con Miguel Ángel, nosotros le dimos acceso, la CNDH también hizo lo propio y me instruyó en recomendaciones que monitoreara su salud las 24 horas del día, que adecuara su celda a sus discapacidades y que hiciera gestiones para que se fuera a compurgar a domicilio”, narra.

-¿La intervención de Presidencia es usual en estos casos? -se le cuestiona.

-No había sido usual, sobre todo de Presidencia, quizá la Comisión sí ha intervenido en otros casos, pero Presidencia es la primera vez que abiertamente se preocupa por la prisión domiciliaria o le interesa que se aplique la ley en la materia.

-¿Ve un trasfondo en el interés presidencial por este caso?

-Me da pereza adentrarme en lo político, lo mío es lo penitenciario.

-A raíz de la noticia de Félix Gallardo, hemos conocido otras historias de reos desahuciados o ancianos, que no tienen la misma posibilidad. ¿Esto es selectivo?

-Es accesible para quienes tienen una defensa profesional y adecuada. En el caso de Jalisco hemos empujado otras libertades anticipadas. Logramos la resolución de un juez en la cual aludió al principio de humanismo. Hace dos años se logró la libertad de una mujer con cáncer terminal y otra con VIH, lamentablemente las dos fallecieron al año. No es fácil vencer la burocracia de un Estado que se asume como divinidad para definir el destino de las personas y que se resiste al principio fundamental de que todas las personas son iguales ante la ley. Las dos mujeres murieron junto a los suyos, eso fue un buen paso.

-¿Y esas mujeres tenían palancas desde Presidencia, poder, recursos económicos?

-No, trabajamos a favor de ellas porque es nuestra obligación y está contemplado en la ley. Ellas no tenían dinero, incluso nosotros tuvimos que pagar las copias.

"Lo dejaron morir"

¿Qué reo viejo, pobre y enfermo puede pagar los 40 mil pesos del costo de un brazalete (precio promedio, según consultó este reportero en negocios dedicados al ramo)?... Un brazalete funcional, para monitoreo a distancia, es condición técnica necesaria para concretar una prisión domiciliaria.

La familia Chávez debió concentrarse en el pago de moches a los tres directores del penal de Zacatlán nombrados en el lapso en el cual Leonardo estuvo recluido ahí.

“Con todos tuvimos que pagar cuota para que lo tuvieran aparte, en una celda con pocas personas, alejado de la población general. Nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero sabíamos del riesgo por su salud sumamente vulnerable”, cuenta don Ángel.

“Pero la última directora decidió sacarlo a población”…

-¿Y qué pasó?

-En pleno enero, en los días más fríos e insoportables del año en Zacatlán, lo sacaron y a los tres días murió.

-¿Cuándo habló con él por última vez?

-El lunes 10 de enero se comunicó para pedirnos dinero, porque lo querían mandar a otro penal. Nos pidió 5 mil pesos, eran cantidades grandes. ´Déjame ver cómo los conseguimos´, le dije. Los siguientes días no supimos nada de él y comenzamos a preocuparnos. El día 15, muy temprano, una trabajadora social llamó y dijo que debíamos ir con urgencia a Zacatlán. Era para informarnos de la muerte.

El acta de defunción de Leonardo sólo indicó cuestiones respiratorias.

“Su cuerpo pasó toda la noche en una especie de panteón, porque no tienen ni Semefo. Hasta el otro día me atendieron en el MP. Durante la espera comenzaron a llegarme mensajes de algunos de sus compañeros del penal que me decían: ´no lo deje así, a Leo no le prestaron atención médica, lo ignoraron´. Le comenté al MP que iba a presentar una acusación contra la directora del penal y me dijo: ´si la hace, no le van a poder entregar el cuerpo, por todo el papeleo, y urge que se lo lleve a Veracruz, porque ya se está echando a perder´. Me envolvió”.

Los padres de Leonardo optaron por una queja ante Derechos Humanos, pero ha quedado archivada. “Mi hijo no era un gran narco ni un funcionario del gobierno, por eso lo dejaron morir. Esto de los derechos y de la justicia, es político”…

Los datos

*Reos con vigilancia domiciliaria en el país: 81 (46 en la CDMX, 4 en Hidalgo, 3 en Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Sonora, entre los estados con más casos).

*Medidas de seguridad aplicadas a favor de reos enfermos y ancianos de enero de 2020 a julio de 2022: 14 (5 en 2020, 6 en 2021 y 3 en lo que va de 2022).