La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace la presentación del informe especial sobre Violación del Derecho a la Democracia del Pueblo, y la Represión de los Derechos de Reunión y Asociación por el Estado Mexicano (1951-1965), investigación a cargo de la “Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente”.

La CNDH señaló que el informe es de carácter histórico y que busca recordar a las y los mexicanos lo difícil que ha sido la construcción de la democracia, abonar a la verdad y a la memoria de las luchas de ciudadanas y ciudadanos, reprimidos brutalmente por la Violencia Política de Estado, por el hecho de pugnar por elecciones libres y transparentes, y por órganos auténticamente ciudadanos para propiciar y fomentar la democracia participativa, como lo son la consulta popular, el referéndum y la revocación de mandato, plasmados en el Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que sostuvo la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán hace 70 años.

En 1952, en el marco de la campaña presidencial, Henriquistas y Jaramillistas impulsaron, por la vía institucional, estas legítimas demandas, entre otras, que implicaban la transformación del sistema político imperante y la vigencia plena de los derechos humanos en México. No obstante, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte del gobierno de Miguel Alemán Valdés, y luego de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos.

Esta investigación permitió documentar 38 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la Federacion de Partidos del Pueblo9 Mexicano (FPPM) y de otros partidos aliados de este, como el Partido Agrario Obrero Morelense, que incluyen el asesinato del abogado de los presos políticos, el licenciado Marco Antonio Lanz Galera en 1953, y el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus dos hijos en 1962, así como la detención, y traslado a un cuartel militar en León, de 400 henriquistas que pretendían celebrar una asamblea en 1957.

Hasta la fecha, no se había abordado el análisis y la investigación de esta etapa, que abarca 14 años de la historia de México, época en la cual el Ejército, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el aparato de inteligencia del Estado, encabezado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), obstruyeron el libre ejercicio de los derechos cívicos de las y los mexicanos, en particular de los derechos de reunión y de asociación, consagrados en el artículo 9º de la Constitución.

La CNDH indica que el informe prueba que la legislación que se confeccionó con motivo de la Segunda Guerra Mundial fue mantenida aún después de terminada esta, para justificar la represión de quienes pensaban distinto a la línea oficial, dictada por el partido del Titular del poder Ejecutivo en ese tiempo. Prueba, también, que durante poco más de 35 años, la DFS, y por más de 70 años, el Estado Mayor Presidencial, actuaron al margen del orden constitucional. También señala que en el siglo XX en México no hubo golpes de estado ni dictadura militar, lo que sí hubo fue el montaje de todo un complejo militar-policiaco, que inhibió la participación ciudadana y segó el desarrollo de la vida democrática por décadas, y tuvo efectos similares en la violación a los derechos humanos, o aún peores, que los de los gobiernos militares centro y sudamericanos.

Además de las cifras de la llamada “Guerra Sucia” de los años 60-70, cuyo saldo arrojaría hasta 1978 –casi 20 años-, entre 489 y 532 casos de desaparecidos, pero que se siguen documentando, en el período objeto del Informe Especial sólo entre 1951 y 1965 –menos de 15 años- se tiene el registro de 217 muertos, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y 3 mil 416 detenidos arbitrariamente, la mayoría ocurridos en manifestaciones o en eventos relacionados con su militancia política. Un auténtico genocidio, destacando el hecho de que se trata de un registro incompleto porque en realidad hubo cientos más que fueron torturados, detenidos ilegalmente, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades en todo el país, sin que se haya tenido mayor conocimiento de su destino.

Fue en esos años que por primera vez se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado, los cuales habrían sido cremados en el Campo Militar número 1, estrenado con la matanza de henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México, el 7 de julio de 1952.

El informe incluye propuestas dirigidas específicamente a los titulares de los poderes Ejecutivos federal y de los estados, a efecto de conformar un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política, que deberá integrar los más altos estándares a nivel internacional con relación a políticas de verdad y memoria, y como objetivo prioritario, el rescate, la conservación y preservación de archivos históricos, y el diseño de instrumentos de consulta con celeridad para garantizar el acceso pleno de dichos archivos por la ciudadanía.

Asimismo, al H. Congreso de la Unión, para llevar a cabo todas las modificaciones necesarias al marco normativo vigente, para la extinción del Estado Mayor Presidencial; para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria, por ser esta figura la más idónea para calificar los actos violatorios cometidos por las autoridades durante el periodo de la violencia política del Estado en los que la víctima, después de estar desaparecido por un tiempo indeterminado, es presentado o recobra su libertad; y para revisar la legislación electoral para llevar a cabo las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer las iniciativas de democracia participativa, así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, alejado por completo del control gubernamental y de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el período 1951-1965.