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Organizaciones ambientalistas advirtieron que en caso de ser aprobada, la iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal el 1 de octubre se afectará el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación.
Igualmente, expusieron que si se aprueba esta reforma, debido al freno súbito que se ha puesto a las energías renovables, México se convertiría en el primer país del G20 que en los hechos incumple con las metas presentadas ante el Acuerdo de París.
"Alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales en un contexto donde la política climática del país ya ha sido catalogada como altamente insuficiente" señalaron organizaciones como Greenpeace, Iniciativa Climática de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras.
Aseguraron que la iniciativa busca reformar la Constitución y regresar el monopolio del sistema eléctrico nacional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizándole un 54% de la generación, desapareciendo los órganos reguladores, haciéndola única compradora, comercializadora y suministradora de energía eléctrica y convirtiéndola en operadora del mercado eléctrico, generando incertidumbre a los posibles participantes del 46% del mercado restante, por la falta de mecanismos de transparencia y regulación para la participación en este sector.
Adicionalmente, se modifica el despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las plantas de la CFE que utilizan combustibles fósiles dañinos como el carbón y el combustóleo, convirtiendo a la CFE en juez y parte en el orden del despacho de la energía.
Señalaron que las energías renovables no son consideradas como prioritarias en el despacho, pese a que su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero, a que existen soluciones técnicas para su variabilidad y a que pueden ser generadas en el mismo sitio de consumo y por las mismas personas que la requieren, lo que ayudaría a reducir la pobreza energética en algunos pueblos y comunidades.
Las organizaciones hicieron un llamado para que la reforma eléctrica responda a los retos mundiales y nacionales actuales, que se lleve a cabo a través de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las comunidades vulnerables.
"La reforma eléctrica debería plantear una transición energética justa, incluyente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que enfrente a la crisis climática, que busque el bienestar, salud y vida de las personas y que asegure el cuidado del medio ambiente. Si en verdad nos importa el bienestar de las personas, el combustóleo, el carbón y el gas no pueden ser parte de nuestro futuro energético", manifestaron.
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