Una jueza del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato concedió un amparo en favor de una integrante del Ejército mexicano al ser víctima de violencia institucional derivado de sus quejas por hostigamiento sexual.

En su resolución, la juzgadora determinó que a las denuncias de la soldado por hostigamiento sexual se sumaron acciones de represalias

Señaló que esto se comprueba al confirmar que en menos de dos meses la trasladaron de Jerécuaro, Guanajuato a San Juan del Río, Querétaro, sin justificación de por medio.

Además, fue destacada en las instalaciones de la Policía Militar en Irapuato, Guanajuato. De Ahí fue enviada en mayo de 2023, a Apodaca, Nuevo León también sin justificación.

Con las pruebas presentadas ante los operadores de la justicia federal se comprobó que la movilidad laboral de la soldado no eran de carácter rutinaria, sino "medidas punitivas destinadas a ejercer presión sobre la quejosa, lo cual es indicativo de violencia institucional con el fin de aislarla, desestabilizarla o castigarla por haber denunciado el

hostigamiento".

Sin embargo, la soldado no pudo comprobar que fue víctima también de tortura e incomunicación.

De acuerdo con el caso, fue la madre de la víctima la que inició la demanda de amparo en favor de su hija, contra actos de un comandante de la Policía Militar y comandante de la Guardia en Irapuato, Guanajuato, consistentes en tortura, malos tratos, detención arbitraria e incomunicación a consecuencia de la denuncia por hostigamiento sexual que realizó su hija.