En un hecho histórico en Guerrero, este martes el Congreso del Estado aprobó con 30 votos a favor y 13 en contra, una abstención y un voto nulo la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Con esta decisión Guerrero se convierte en el octavo estado del país en despenalizar el aborto y se suma a Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala.

El eje del dictamen son dos artículos del Código Penal del estado: el 158 y 159. En el primero se propone su derogación, porque actualmente criminaliza a las mujeres que decidan voluntariamente abortar y, el segundo, se reforma: elimina el requisito para las mujeres sufrieron una violación sexual de presentar una denuncia penal para solicitar la interrupción del embarazo.

En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la capital del país el sistema de plazos en materia de aborto, lo que convirtió a la capital en el primer estado en despenalizar el aborto.

Esta despenalización es única en su tipo en América Latina, donde la Iglesia católica continúa siendo el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados. Solo en dos países –Cuba y Guyana–, además de Puerto Rico, esta práctica está plenamente garantizada. Tal vez lo más impactante de la situación latinoamericana sea el hecho de que incluso en sociedades con gobiernos democráticos y de izquierda ha sido imposible despenalizar el aborto, destaca un artículo publicado por la antropóloga y catedrática de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México e investigadora de la UNAM, Marta Lamas, en donde subraya que para que el aborto fuera legislado en México desde una perspectiva progresista, fue crucial la victoria del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en la Ciudad de México.

La mayoría de la Coalición de Izquierdas en la Asamblea Legislativa del DF –integrada por el PRD, el PRI, Convergencia, el PT y Alternativa–, junto con la pertenencia al PRD del jefe de gobierno, fueron factores políticos decisivos para lograr estos cambios normativos.