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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene frenados más de mil 545 proyectos de inversión por falta de resolución de la autoridad ambiental mientras a sus o obras insignias como el Tren Maya les liberan los permisos hasta tres veces más rápido que a la iniciativa privada.
Así lo acusó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y advirtió que ello pone en riesgo miles de empleos e inversiones pero además es violatorio del T-MEC pues se discrimina a la IP para beneficiar a las empresas públicas.
La Coparmex ejemplificó que las obras insignia del Gobierno Federal como son el Tren Maya Tramo 5 Norte, la Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Estado de México y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, tuvieron respuesta sobre sus permisos ambientales en 36, 55 y 49 días respectivamente.
En contraste, planes privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, acumulan, hasta mil 364 días sin resolutivo.Es decir, el triple de tiempo.
El sector patronal del país advirtió que el retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo que corresponden en su mayoría a desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales, produce un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
Por ello pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos, actualmente detenidos pues recordó que la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) prevé un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución.
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