Sin debate de por medio, debido a que ya estaba suficientemente discutido, la Cámara de Diputados dispensó trámites legislativos a la minuta enviada por el Senado y emitió 415 votos a favor y uno en contra al proyecto de decreto por el que se reitera que el personal militar o naval que preste sus servicios a la Guardia Nacional no pierde ni rangos ni grados al ser parte de este cuerpo de élite en las tareas de seguridad pública que desempeñen.

El documento, de urgente y obvia resolución, refrenda las reformas en materia de Guardia Nacional que fueron publicadas en el 'Diario Oficial de la Federación' el 26 de marzo de 2019, y avalado por el Senado de la República.

El Congreso de la Unión abordó que la interpretación auténtica respecto de los “alcances de las reformas” deberá ser en el sentido de garantizar los derechos, prestaciones, pertenencia, rango, servicio y antigüedad del personal de las policías militar y naval asignado a la Guardia Nacional por acuerdos de carácter general emitidos por el presidente de la República.

Y destaca: "Los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones".

Se deja en claro nuevamente que la asignación tuvo por objeto que el personal de la Sedena o de la Marina fuera separado funcionalmente de las Fuerzas Armadas para desempeñar funciones de seguridad pública en la Guardia Nacional sin perder sus derechos y prestaciones.

El "rango" es sinónimo de "grado", conforme a la escala jerárquica en las Fuerzas Armadas, que prevé la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El "grado" tiene por objeto el ejercicio de la autoridad, de mando militar, de actividad técnica o de actividad administrativa en los diferentes niveles orgánicos de las unidades, dependencias e instalaciones, por lo que el personal asignado tiene que estar en condiciones de ejercerlos, para lo cual debe mantenerse apto física y profesionalmente a través de la capacitación permanente, en instituciones nacionales o en el extranjero.

En tanto, se advierte que el elemento militar o naval deje de realizar sus funciones en seguridad pública y es reintegrado a su fuerza armada para continuar realizando sus actividades de índole netamente castrense con la suma de derechos y prestaciones adquiridos en dicha institución de seguridad pública, lo que genera la certeza jurídica de que la asignación tiene un carácter temporal, ya que esta situación podría concluir una vez que la mencionada institución de seguridad pública se consolide.

El documento pasó a las legislaturas de los estados al tratarse de un decreto que deriva de reformas a la Constitución.