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Presentan 29 denuncias contra "la incipiente" Luisa Alcalde por irregularidades de 170 mdp en Jóvenes Construyendo el Futuro

La diputada panista María Elena Pérez-Jaén acudió ante la Función Pública donde entregó documentos relativos a las auditorías de 2019, 2020 y 2021 en las que se detectó que beneficiarios simultáneamente recibían otras becas, lo cual no está permitido en la normatividad del programa

FALTA DE TRANSPARENCIA

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas sociales que sí le han funcionado al gobierno de la Cuarta Transformación.

Jóvenes Construyendo el Futuro es otro de los programas sociales que presenta irregularidades en el destino de sus recursos.

Foto: Archivo.

Por diversas irregularidades que suman 170 millones de pesos conforme a la fiscalización aplicada en 2019, 2020 y 2021 por parte de la Auditoría Superior de la Federación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuyos recursos no han sido aclarados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -responsable de la entrega de los apoyos económicos-, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó 29 denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la “incipiente” Luisa María Alcalde, extitular de la dependencia y hoy secretaria de Gobernación.

La legisladora del blanquiazul dijo que al hacer la revisión de las auditorías aplicadas a Jóvenes Construyendo se identificó que, en 2029, cuando se aplicaron tres fiscalizaciones, la ASF solicitó a la Secretaría del Trabajo aclarar el destino de 66.7 millones de pesos que no pudieron ser justificados. En 2020, cuando se realizó sólo una auditoría se pidió a la dependencia transparentar 24.9 millones de pesos que no pudieron ser justificados, y en la Cuenta Pública 2021, donde se refiere que también se hizo sólo una fiscalización, se llamó a la oficina de Alcalde Luján aclarar el destino de 78.8 millones de pesos, todo lo que da como suma 170 millones de pesos que se encuentran sin solventar.

Entre las irregularidades que destacó la diputada panista, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, fue que en las cuentas públicas 2019 y 2020, la ASF ubicó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios, por un monto de 0.8 millones de pesos.

“La ASF envió al Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (Renapo) la relación proporcionada por la Secretaría del Trabajo consistente en un millón 120 mil 543 beneficiarios, que participaron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante el ejercicio 2019, para que informaran el estatus de los beneficiarios (vivo o fallecido), y en el supuesto de reportar a algún beneficiario como fallecido, se solicitó que el Renapo remitiera copia certificada del acta de defunción correspondiente, y de la respuesta de la Secretaría de Gobernación se identificó que 68 beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibieron pagos en sus cuentas bancarias posteriores a la fecha de su fallecimiento”, dijo la excomisionada del IFAI, hoy Inai.

María Elena Pérez-Jaén advirtió también que Jóvenes Construyendo el Futuro no contó con Manual de Organización General de la STPS actualizado, lo que provocó un riesgo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni se establecieron los requisitos y responsabilidades de cada puesto de trabajo, ni las disposiciones de permanencia laboral de los servidores públicos.

Por lo que manifestó su inconformidad con este programa al que este año se le asignaron 23 mil millones de pesos.

“Es inconcebible que una incipiente e inexperta funcionaria haya manipulado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y le haya dado mal uso al presupuesto asignado para éste en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, dijo la legisladora sobre el desempeño de Luisa María Alcalde Luján.

En sus denuncias también expone que a través de seis centros de trabajo (Organicomercial, S.A. de C.V.; Servicios de Personal del Estado de México, S.A. de C.V.; Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V.; Centro de Capacitación Integral de Apatzingán; INAEP, S.A.S. de C.V.; y Barista Factory, S.A.S. de C.V.) se pagó durante el ejercicio 2019 a mil 157 beneficiarios del programa un total de 15.4 millones de pesos, sin que pudiera acreditarse la capacitación recibida, la existencia de estos centros o que estos contaran con las visitas de verificación por parte de la STPS y, en algunos casos durante la visita, no se encontró ni al tutor ni a los becarios, así como un caso en el que el domicilio fiscal del centro de trabajo se encontraba en el Estado de México, cuando la capacitación se dio supuestamente en la Ciudad de México