Docentes despedidos de manera injustificada y que integran la Asamblea de Trabajadores de las UBBJ por los Derechos Laborales interpusieron cinco denuncias de manera coordinada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en contra de la directora general del Organismo Coordinador de esta institución educativa, Raquel de la Luz Sosa Elízaga, y de quien resulte responsable, por supuestas faltas administrativas y opacidad en el manejo de recursos públicos de este proyecto educativo.

Cinco maestros que fueron cesados de sus funciones de manera arbitraria por parte de Raquel Sosa acudieron a la SFP para interponer sus denuncias en donde expresan faltas administrativas y opacidad en el manejo de recursos públicos, así como haber estado trabajando bajo esquemas ilegales sin seguro social ni prestaciones laborales mínimas, condiciones que siempre ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que desafortunadamente algunas dependencias de su administración mantienen como práctica normal, a pesar de estar en contra de la ley

Los denunciantes son integrantes de la Asamblea de Trabajadores de las UBBJ por los Derechos Laborales, colectivo que surge en julio de 2021 a raíz del despido masivo de docentes en más de 80 sedes distribuidas en el territorio nacional.

Las querellas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública fueron presentadas de manera independiente en materia laboral y en éstas se abordan distintos hechos ocurridos en las sedes de las alcaldías de Azcapotzalco y Xochimilco en la Ciudad de México; de Jopala en Puebla; de Cosalá, en Sinaloa, relativos a actos arbitrarios cometidos por Raquel Sosa e incluyen otros municipios donde se ubican algunas de las 145 sedes con que cuentan las UBBJ en todo el país.

Las denuncias expresan que con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se acusan presuntas faltas administrativas graves como abuso de funciones y desvío de recursos, toda vez que como práctica común se descontaba el sueldo de los maestros sin explicación ni justificación alguna y sin que se conociera el destino de ese recurso.

Además, subrayan una total opacidad en el uso del presupuesto para la construcción de los planteles escolares, a pesar de los reclamos de la ciudadanía en diversos estados por saber cómo se ejercía el gasto público.

Desde 2019 a la fecha, las UBBJ llevan asignados más de 4 mil millones de pesos del erario (a razón de mil millones por año), sin que cumplan con las obligaciones mínimas de transparencia ni respondan a las solicitudes de información pública que han sido solicitadas.

Las denuncias fueron presentadas de manera física en las oficinas de la SFP en esta ciudad el pasado lunes, con la exigencia de que se investiguen estos hechos y se realice una auditoría exhaustiva a las UBBJ para deslindar responsabilidades.

Estas acciones se suman a las más de cien demandas laborales interpuestas por docentes, personal académico y trabajadores que fueron cesados injustificadamente, así como acusaciones de estudiantes a los que se tratan de imponer modelos de enseñanza ajenos al plan de estudios vigente y que quiere cambiar por imposición Raquel Sosa.