Luego de tres años de investigación en medio de la pandemia por Covid, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detectó presuntas prácticas anticompetitivas por parte de algunas empresas que venden oxígeno medicinal por lo cual inició el procedimiento seguido en forma de juicio para deslindar responsabilidades.

Sin dar a conocer los nombres de esas empresas, la Cofece acusó que dichos agentes económicos abusaron de su posición dominante ya sea de manera conjunta o individual, para realizar conductas probablemente anticompetitivas de exclusividades en el mercado de producción, distribución y comercialización de oxígeno medicinal y servicios relacionados en el territorio nacional.

El oxígeno medicinal es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento de primera necesidad.

El oxígeno medicinal es utilizado de forma generalizada en todos los entornos sanitarios, que van desde las áreas de urgencias, quirófanos, terapia intensiva y cuartos de hospitalización, hasta las salas de atención médica mediante tratamientos con inhaladores, así como por pacientes que lo requieran para su tratamiento médico.

De hecho, con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid), el oxígeno medicinal fue uno de los insumos médicos más demandados por hospitales y clínicas.

En este sentido, el sector salud es prioritario para la Cofece pues, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan solo en 2020, año más crítico de la pandemia por Covid, más de la mitad de los hogares en México reportó gastos en rubros relacionados con el cuidado de la salud.

Estas conductas, conocidas como prácticas monopólicas relativas fueron imputadas en el Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por la Autoridad Investigadora de la Cofece.

Una vez desahogado el procedimiento, el Pleno de la Cofece resolverá conforme a derecho. De acreditarse la existencia de esta práctica monopólica relativa, la Comisión ordenará la corrección o supresión de la práctica ilegal y los infractores podrían recibir una multa de hasta el 8% de sus ingresos anuales.

La Cofece aseveró que mantendrá sus esfuerzos en la identificación de conductas anticompetitivas en estos sectores tan relevantes que impactan directamente en el bienestar de la población y en la economía mexicana.