La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados llevó al estado de Chihuahua la discusión de la iniciativa de reforma constitucional para que el Infonavit regrese a su papel de constructora, tema en el que legisladores, funcionarios y expertos advirtieron trabas para avanzar en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el foro "Diálogo Estatal Sistema de Vivienda”, realizado en Ciudad Juárez ll y en el que participaron legisladoras, funcionarios, representantes de organizaciones y expertos, se expusieron "alcances limitados" a la reforma del artículo 123 de la Carta Magna en el que se plantean

ampliar las atribuciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como la de construir casa-habitación para los derechohabientes.

La presidenta de la comisión, Lilia Aguilar, destacó que el Infonavit es una de las instituciones más importantes del país, con 5 millones de derechohabientes y "un innumerable número de acciones de vivienda que no solamente tienen que ver con créditos para su adquisición, sino para mejoramiento y rehabilitación".

Aunque los diputados de Morena señalaron que la iniciativa del Presidente de la República tiene muchos beneficios, advirtieron que se debe analizar el tema de las mensualidades que no podrán exceder del 30 por ciento del salario de las y los trabajadores y conocer el criterio que determinará el porcentaje de descuento por cada mes de salario, del 1 al 30 por ciento.

Susana Prieto Terrazas, quien pertenecía a la bancada de Morena y dejó al partido por diferencias con Mario Delgado, líder de nacional del movimiento, y con el coordinador de los legisladores guindas, Ignacio Mier, señaló su oposición a la iniciativa "porque no se conocen las corridas financieras del Infonavit para determinar si es viable, pues hay tres millones y medio de créditos impagables, un millón 200 mil casas abandonadas, casas invadidas y otras arrendadas".

La legisladora promovente de la reforma de las 40 horas para trabajadores aseguró que el Instituto seguirá gastando recursos cuando un trabajador que haya obtenido el crédito de arrendamiento abandone el empleo por el bajo sueldo y no pueda pagar la renta, “pues con el infierno que es sacar a un inquilino”.

El anfitrión del foro, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, planteó que al dictaminar la iniciativa debe estar por encima el interés de la nación. Admitió que hay un problema que debe atenderse pues esta localidad es potencia industrial, tiene muchísima gente trabajando, pagando impuestos, pero no se ha hecho vivienda de interés social.

En tanto, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, señaló que el Instituto sí podría invertir parte de los recursos en la construcción de vivienda para sus trabajadores derechohabientes,y éstas podrán ser puestas a la venta de ellos o en arrendamiento.

Explicó que la iniciativa establece un esquema de renta social, de tal manera que el trabajador derechohabiente que así lo decida podrá rentar las viviendas referidas y adquirir el derecho de compra si la habita por un periodo de 10 años; con ello se da progresividad al derecho de tenencia.

"Es una reforma que amplía las actividades que hoy ya hace el Infonavit; es decir, el Fondo continuará dando créditos como hasta ahora, el sector privado seguirá construyendo viviendas y los derechohabientes contarán con más opciones para satisfacer su derecho de acceso a una vivienda.

Sin embargo, Óscar Vela Treviño, subdirector general de Planeación Financiera y Fiscal del Infonavit, indicó que en los últimos 10 años la producción de vivienda pasó de 285 mil anuales a 133 mil, aunado a que el precio ha aumentado y no les alcanza a los trabajadores.

"Hay una imposibilidad real para adquirir vivienda. La reforma puede tener un impacto positivo para los derechohabientes, que hacen sus aportaciones y pueden decidir cómo usar ese ahorro", expuso.

Para el director sectorial empresarial del Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, expresó que la iniciativa tiene alcances limitados, porque no toma en cuenta la capacidad operativa del Instituto ni considera el riesgo financiero, además de que convierte a los trabajadores de propietarios en arrendatarios, incluso no contempla el riesgo por antecedentes de clientelismo político y corrupción y olvida los principios fundacionales del Instituto.

El funcionarios pidió a los legisladores a que continúen con el diálogo para que de manera conjunta con la representación de los trabajadores se analice y se logran opciones para una política nacional de vivienda.

También desde el Infonavit, Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores del Infonavit, sostuvo que la reforma resulta innecesaria porque propone dotar al Instituto de facultades para construir y esto ya está contemplado en la Ley. También establece la posibilidad de utilizar el ahorro en materia de vivienda para rentarla, lo que significaría desnaturalizar el sentido social del ahorro, que es la adquisición en propiedad.

Más bien, el funcionario propuso crear un fondo para financiar la adquisición de reservas territoriales y la activación de alianzas, así como aumentar el monto de préstamos a través de un complemento al crédito amortizable por el propio trabajador.