La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la recomendación 240/2023 al director del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, de la Secretaría de Salud, por vulnerar los derechos y discriminación laboral en contra de una enfermera.
La víctima trabajaba en horario nocturno hasta que tuvo un embarazo diagnosticado de alto riesgo, momento en el que comenzó a sufrir de abusos, discriminación y acoso laboral por parte de personal del Hospital, los cuales se incrementaron cuando realizó su solicitud de incapacidad amplia para atender su embarazo, parto y maternidad, derivando en que, después del 28 de febrero de 2023, no le refrendaran el contrato individual de trabajo.
La CNDH corroboró que, a partir del 1 de noviembre de 2019, la víctima fue contratada y laboró en el Hospital General hasta el 28 de febrero de 2023, desempeñando el puesto de enfermera y funciones operativas, y que, durante su estancia laboral, ejerció sus derechos reproductivos desarrollando un embarazo que fue diagnosticado de alto riesgo, destacando que las autoridades responsables no implementaron acciones para que la víctima pudiera ejercer su libre derecho a la maternidad dentro de un clima óptimo, ya que fue objeto de malos tratos, y ello pudo contribuir a que no se desarrollara su embarazo típico, generando riesgos a la salud del binomio materno-infantil y configurando el supuesto de violencia laboral por embarazo.
Dada la situación de maternidad reciente, tampoco se le brindó a la víctima opciones de puestos alternos con funciones que garantizaran su protección laboral, por lo que dejó de contar con prestaciones que cubrieran necesidades de su condición de madre, y vulnerado este derecho, se afectó también a su hijo, quien, sin recibir seguridad social, quedó en estado de indefensión ante posibles eventualidades relacionadas con su salud y otras necesidades propias de los niños y niñas lactantes.
La CNDH acreditó la vulneración de los derechos humanos a la salud y al principio del interés superior de la niñez, y que las autoridades del Hospital General incurrieron en responsabilidades administrativas que afectan la disciplina, la legalidad, la eficacia y la eficiencia de la administración pública, al omitir criterios, antecedentes jurídicos y jurisprudencias emitidas por Tribunales Colegiados en materias Administrativas, que señalan que la condición física y social de la trabajadora embarazada, aunque sea de confianza, la coloca en una situación de vulnerabilidad y discriminación, que están prohibidas.
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