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La minería a cielo abierto que conlleva la práctica de una remoción intensa de la capa superficial de la tierra para acceder a los minerales, resulta en una degradación ambiental irreversible que incluyen deforestación, erosión del suelo y contaminación de cuerpos de agua y del aire por el uso de sustancias tóxicas, destacó Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco.
Abundó que uno de los impactos negativos más visibles es la deforestación, por la considerable remoción de grandes extensiones de vegetación, lo que ocasiona pérdida de hábitat, disminución de biodiversidad y reducción de la fertilidad de las tierras, afectando también las prácticas agrícolas.
Añadió que esta actividad requiere de grandes cantidades de agua para procesar los minerales y libera sustancias tóxicas como el cianuro o el mercurio, a pesar de que muchos de estos elementos están prohibidos en la minería en diversas partes de Europa y Estados Unidos por los grandes riesgos socioambientales y de salud asociados a su uso.
En México hay aproximadamente 264 minas que operan y utilizan esta técnica, lo que representa el 21% del total de proyectos extractivos en el país; aporta casi el 60% del valor total de la producción minera nacional de acuerdo a datos reportados hasta 2023.
A su vez, Beatriz Adriana Olivera Villa, mencionó que en las faldas del cerro de San Pedro, San Luis Potosí, se asentó un pueblo minero siglos atrás en el que se desarrollaba una vida social, económica y cultural, sin embargo, cuando llegó la minería a tajo abierto destruyó gran parte del lugar y dejó una huella indeleble al cambiar el paisaje por un cerro artificial hecho de residuos mineros.
El doctor en Geografía por la UNAM, Isidro Téllez Ramírez señaló que los empresarios mineros utilizan el argumento de que generan fuentes de empleo para defender su actividad; pero, la minería de minerales metálicos, que es en gran medida a cielo abierto, genera un muy bajo nivel de empleo u ofrece subcontrataciones que hoy se clasifican como precariedad laboral.
Para controlar las concesiones mineras y poner candados a sus prácticas de devastación ambiental son fundamentales las políticas y las regulaciones, pero con perspectiva en derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, lo cual no estaba contemplado en la ley minera de 1992, dijo la directora de Engenera, y señaló que la normativa aprobada en 2023 presenta avances sustantivos basados en buena medida en las luchas de los grupos de defensa de la naturaleza.
La activista Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, subrayó que la organización comunitaria es fundamental para detener la invasión de ese tipo de empresas, al oponerse al proyecto en cuestión, frenando el cambio de uso de suelo que el municipio otorga, y enfatizó que la toma de decisiones desde las colectividades debe de ser interna, por usos y costumbres de los ejidos y de las asociaciones agrarias.
La investigadora posdoctoral Iracema Gavilán Galicia, defensora del agua en territorio Wirikuta y el altiplano potosino, pugnó por el derecho de las comunidades a obtener una información cabal cuando empresas mineras pretenden inmiscuirse en sus territorios para llevar a cabo sus megaproyectos a cielo abierto.
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