El periódico estadounidense “The New York Times” denunció en una investigación que las Fuerzas Armadas en México han tomado cada vez más funciones por órdenes del actual Gobierno Federal, pero operan con escasa supervisión, lo que preocupa a activistas y defensores de derechos humanos que consideran que debería haber una vigilancia y evaluación sobre sus acciones por un organismo civil.

A pesar de haber un largo historial contra los derechos humanos, los militares asumieron la responsabilidad de la seguridad ciudadana luego de la desaparición en 2019 de la Policía Federal. Los críticos afirman que los militares le han hecho frente a las violentas organizaciones criminales pero en el proceso han puesto a los habitantes en riesgo de convertirse en víctimas de tácticas agresivas.

Durante el actual Gobierno de México, los militares han ido mucho más allá de su misión principal de seguridad y aplicación de la ley, para desempeñar una variedad de negocios lucrativos, ya que construyeron y operan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), están construyendo gran parte del proyecto Tren Maya, cuya ruta comprende casi 1600 kilómetros y tiene un costo de 20.000 millones de dólares, el cual también administrarán una vez terminado. También están a cargo de las aduanas del país, unas de las mayores fuentes de ingreso de México, que en 2022 tuvo previsto generar 59, mil millones de pesos.

Este tipo de responsabilidades, advierten los analistas, le dan a los militares la capacidad de recaudar dinero por su cuenta y podría socavar el equilibrio del poder de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional está bajo las órdenes de un general en servicio activo, no de un líder civil y no está obligada a hacer públicos documentos o informes de sus actividades y con regularidad se niega a comparecer frente al Congreso de México para responder preguntas, subraya el rotativo estadounidense.

El influyente diario neoyorquino destaca que “el control estricto de las fuerzas militares sobre sus asuntos ha llevado al presidente mexicano a consolidar proyectos gubernamentales bajo las Fuerzas Armadas para limitar su transparencia y se ha traducido en que los casos de muertes de civiles a manos del Ejército casi nunca vayan a juicio.

Sobre este punto, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó que “dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil”, que “debería crearse para controlar y, eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos”.

Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente sobre las muertes de cinco jóvenes que se encontraban en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero, y en un primer comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que los jóvenes estaban armados y no habían acatado las órdenes de los soldados.

Sin embargo, esa declaración fue rechazada por Alejandro Encinas, encargado del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien aseguró que “no se trató de un enfrentamiento e independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”.

Asimismo, según cita NYT, los abogados que representan a los familiares de los jóvenes asesinados y los sobrevivientes afirman que el Ejército ha intentado ocultar los detalles de lo ocurrido esa madrugada.

Por su parte, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas, un grupo activista que representa a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, acusó que “no entendemos por qué razón dispararon a unos jóvenes que no los estaban agrediendo”, afirmó.

Además de este caso, la organización de Ramos ha documentado 18 casos de violaciones contra los derechos humanos vinculados a los militares desde 2018, que incluyen ejecuciones, violaciones y tortura de civiles. Sin embargo, solo uno ha logrado llegar a juicio.

En uno de los casos, una niña de 4 años, Heydi Mariana, perdió la vida en agosto del 2022 cuando el vehículo en el que iba comenzó a recibir disparos de los soldados. Al menos 16 balas atravesaron el auto.

Las fuerzas militares declararon que la niña había muerto durante una confrontación con criminales, pero no han proporcionado ninguna prueba de un enfrentamiento. Nadie ha sido acusado formalmente en el caso.