La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión por probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales contra tres personajes involucrados en los hechos de la mina en Coahuila, propiedad de la empresa “El Pinabete” donde al menos 10 trabajadores quedaron atrapado tras un derrumbe el pasado 3 de agosto.

Uno de ellos es Cristián Solis, quien en su presunta calidad de representante jurídico de la minera registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a los trabajadores de la mina El Pinabete.

De acuerdo a la FGR, Cristian S, como lo identifica, incumplió con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades por lo cual se le citó a una audiencia judicial el pasado 11 de agosto pero no acudió.

“Se solicitó audiencia judicial en contra de una persona, por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la Nación, a través de la mina de carbón mineral “El Pinabete”, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades”, recuerda la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero

Al igual que Cristian S, se acreditó la responsabilidad de otras dos personas que permitieron actividades de explotación de carbón de manera ilegal por lo cual también se les citó a comparecer aunque no acudieron.

“Dando continuidad a las investigaciones, se acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila donde permanecen atrapados 10 mineros”, explica

Ante el desacato de acudir a las audiencias legales, la FGR obtuvo del Juez las tres órdenes de aprehensión para proceder en consecuencia contra los tres prófugos por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.

A juicio de la FGR, estos hechos constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13.