Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia solicitó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prestara más atención en los derechos laborales de los conductores y repartidores de los taxis de aplicación, pues argumentó que las condiciones de trabajo en las que se desempeñan son arriesgadas y no cuentan con seguridad social, además de que no poseen con herramientas para protegerse en caso de sufrir accidentes.

La encargada de la institución argumentó que en países del extranjero las plataformas encargadas de brindar los servicios de transporte remuneran a sus trabajadores con prestaciones como seguro social, salario mínimo y vacaciones con goce de sueldo. Por el contrario, en México estos derechos conforme a las leyes laborales todavía no son aplicadas.

En contexto de la transparencia, la comisionada Román consideró que este sector vulnerable de trabajadores debería de ser atendido; esto cuando una persona solicitó a la STPS información acerca de una reforma en la que los derechos de los conductores sean prioridad al momento de realizar sus tareas, sin embargo el solicitante no recibió los datos esperados que cumplan con las características de lo que se deseaba recabar.

En ese sentido el INAI exige que se modifique la respuesta de la Secretaría del Trabajo a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información aplicando un criterio amplio en todas las áreas correspondientes para localizar los documentos que den cuenta de lo solicitado.

La iniciativa de la comisionada recalca que conductores y repartidores deberían de adquirir todos los derechos de un trabajador común y por medio de afiliaciones voluntarias, de acuerdo con sus niveles de ingreso socioeconómico, puedan ser acreedores a cobertura de salud.

Por su parte, Francisco Javier Acuña, comisionado del instituto expresó que los conductores de Uber son blanco de una persecución por parte de la delincuencia y de quienes piensan que les van a quitar el trabajo, hacia esto se debe tomar conciencia plena en que los conductores son extorsionados en toda la ciudad y en el aeropuerto.

“La legislación está para tratar a todos por igual, y los trabajadores que prestan este servicio que innovan y dan seguridad a los usuarios es injusto que no tengan seguridad social”, afirmó.