Cuando comenzó la administración lopezobradorista se anunció “una nueva política de atención a migrantes”, la cual debía ser coordinada por Tonatiuh Guillén López, un especialista en el tema con amplia trayectoria académica en el Colegio de la Frontera Norte y otras instituciones. Lo haría desde el cargo de Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, habían transcurrido apenas seis meses y se notificó su renuncia…

Tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual reveló las violaciones de siempre a derechos humanos, es voz autorizada para hablar de aquel proyecto fallido en perjuicio de los extranjeros de paso por nuestro país, de las razones del fracaso y retos en la materia.

En charla con Crónica toca temas como la presión del gobierno de Estados Unidos, las concesiones del gobierno mexicano, la urgente necesidad de transitar hacia un esquema de protección impulsado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el manejo de los recursos generados por los derechos migratorios, los cuales fueron desviados a obras emblemáticas de la 4T. Aunque aclara: no es asunto de dinero, sino de voluntad…

“La nueva política migratoria que iniciamos incluía las estaciones y estancias migratorias, pero más profundamente era una revaloración de derechos humanos, buscar perspectivas de desarrollo, actualizar y modernizar la Ley de Migración y de Refugiados”.

-¿Cuál era el plan específico con las estancias?

-Transitarlas a un modelo de albergues, en mejores condiciones materiales, pero sobre todo más abiertas; lo perdimos por las presiones de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, y por la progresiva aceptación de esas presiones por parte del gobierno mexicano. Así, pasamos de la nueva política migratoria a la militarización de la política migratoria. Se perdió el propósito de reformar el perfil de estos lugares, de irlas cerrando de manera paulatina.

-A estas alturas del gobierno, ¿ya es un proyecto muerto?

-Requeriría de una voluntad política renovada, que no veo. Ojalá la crisis que estamos viviendo a propósito de lo ocurrido en Juárez fuera motivo para reflexionar sobre esta política ruda de ahora contra los migrantes.

-¿Esa aceptación del gobierno mexicano a las disposiciones estadounidenses derivó en tu salida?

-Fue definitiva. El punto crítico fue la incursión de la Guardia Nacional como aparato de control migratorio, eso ya rompía lo planeado, no tenía margen de acción.

-En aquellos meses planteaste la identificación y clasificación de los migrantes en las estaciones…

-El gran asunto a finales de 2018 y principios de 2019 era la inercia del Instituto por procesar en grupos a las personas, a veces pequeños y a veces más grandes, y no terminábamos por generar el expediente ni la identificación de cada migrante. En ocasiones, los propios consulados, sobre todo los de países centroamericanos, no terminaban de identificar a sus nacionales, y perdíamos lo elemental de toda la persona: su identidad, y el trato que le correspondía en función de su perfil individual.

-¿Por qué urgía un trato diferente?

-Porque estaba creciendo la migración, pero era más el perfil de solicitantes de refugio, el cual hoy ya vemos que es el dominante. Cuando el perfil social de las personas en movimiento ya no es el del joven esperanzado en un mercado laboral y empieza a ser el de personas que huyen, que salen forzados de sus países, el problema es distinto, y el Estado estaba obligado a moverse hacia un esquema de protección. Ese esquema ya no está en el terreno del INM, que ha quedado rebasado, sino en el de la COMAR. Desde entonces ya era necesario identificar las condiciones de las personas, porque no es lo mismo quien viene de tránsito a quien huye por cuestiones de violencia o políticas. Traducido a leyes, pasaríamos del predominio de la Ley de Migración al predominio de la Ley de Refugio, e institucionalmente el rol predominante debe ser el de COMAR.

-Rol predominante, ¿en qué?

-En trazar las estrategias para atender la migración, en organizar el mapa de intervención de las instituciones públicas, evidentemente de colaboración con el INM, pero con el predominio de la visión de refugio. El perfil de la población en tránsito por nuestro país dio un viraje, y eso se ha reflejado incluso en la población mexicana, como solicitante de refugio en Estados Unidos.

-Fuiste muy incisivo también en otros factores que alargaban el tiempo de los migrantes en las estaciones, como la lentitud de consulados y la falta de servicios como el transporte…

-Me preocupaban las personas que están en una situación irregular en México y no tienen forma de procesar una solicitud de tarjeta de visitante por razones humanitarias y son susceptibles de retornar a su país. Son principalmente centroamericanos, pero para que eso ocurra tiene que haber un proceso de certificación y entrevista con el consulado de su país, y ahí hay un problemón, porque los consulados centroamericanos son una persona o dos, es imposible, hay necesidad de una colaboración mayor por parte de esos países para tener un proceso apegado a derecho. Es un asunto complejo e inaceptable: estancias prolongadas que no tienen sentido, y peor si la persona es solicitante de refugio, por eso es importante el rol de COMAR. De hecho, en los primeros meses de la administración ambas instituciones firmamos un convenio para agilizar el proceso y que COMAR fuera la institución que regulara el trato a población distinta a la migración laboral. Todo se quedó en ruta.

-Contradictoriamente el presupuesto al INM ha crecido 33 por ciento en lo que va de este gobierno.

-No es un problema de dinero, sino de estatus jurídico normativo, de reconocer perfiles de las personas. En aquello que se llamó nueva política migratoria, al inicio del sexenio, había un proyecto para que el INM trazara estrategias de generación amplia de recursos, sobre todo por su papel directo e indirecto en el rubro de turismo y movilidad fronteriza.

-¿El Instituto como generador de desarrollo?

-Sí, visto de manera constructiva el Instituto puede generar aún más ingresos propios. Por eso no es asunto de dinero, sino de normas y estatus jurídico. Por ejemplo, lo que vemos hoy en Ciudad Juárez de población migrante y solicitante de refugio que está en situación de calle, o que está siendo agredida por la policía local, ocurre porque su estatus jurídico es muy precario, está en condiciones de clandestinidad; si hacemos un marco de presencia regular, al menos temporal y siempre en función de la protección, cambia también el trato, el espacio, y eso no requiere dinero, sino voluntad política. Eso lo hemos perdido con toda la dinámica de militarización.

Lee también

• Ya habían sido denunciadas condiciones infrahumanas en separos para migrantes
• Al menos una docena de incendios en estaciones migratorias, de 2019 a la fecha

-Se obtiene además mucho dinero con los derechos de servicios migratorios: la Auditoría Superior de la Federación ha referido cerca de 6 mil millones de pesos adicionales al año…

-Es mucho dinero, antes estaba en el marco de lo que podía presupuestarse al Instituto, pero el gobierno de López Obrador decidió que se fuera a otros gastos.

-¿Cuáles?

-Especialmente lo que se refiere a macroinversiones. Los derechos migratorios son potencialmente incrementables, pero hoy su destino ya es otro, se movieron y todo quedó atado al PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), cuando podían dedicarse al Instituto y a su operación. Planteamos en algún momento apoyar a los organismos de la sociedad civil que tienen albergues, pero esos recursos finalmente quedaron fuera del área de gasto del Instituto.

-¿Macroinversiones?

-Sí, gastos de inversión. Gran parte de lo generado por esos derechos antes estaban destinados a promoción turística, y se movían a la secretaría de Turismo, pero López Obrador decidió que fueran a las inversiones macro, probablemente al Tren Maya, a macroproyectos. Es mucho dinero.

-El Instituto ha informado gastos de más de mil 395 millones de pesos al año en alimentos, medicinas y transportes vinculados a las estaciones migratorias, pero esa inversión no se ve en la realidad…

-Son cantidades enormes, de las cosas que sí me encontré y que no estaban plenamente justificadas eran gastos enormes para alimentos en las estaciones.

Pese a los antecedentes de dominio e imposición estadounidense, Guillén asegura que sí es posible establecer una política migratoria más sensible e independiente: “Hay margen de acción y colaboración, pero se requiere voluntad política”.