En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), presentó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el contenido y los alcances de la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. 

La iniciativa, presentada por el presidente el pasado 5 de febrero en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, dijo, propone reconocer la composición pluricutural y multiétnica del país, expresada en 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, integrados por 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones que se autoadscriben indígenas y 2.5 millones que se autoadscriben afromexicanos, quienes conforman el rostro de la diversidad cultural y lingüística de México.

Destacó que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios constituye la piedra angular, el corazón y el espíritu de la iniciativa, ya que les permitirá ejercer sus derechos por sí mismos, tomar decisiones en sus asambleas u órganos comunitarios; nombrar a sus autoridades; recibir y administrar recursos públicos, así como defender sus derechos colectivos ante instancias jurisdiccionales y otras autoridades. 

Resaltó que el cambio importante en la iniciativa radica en la modificación del artículo 2º en el que actualmente se concibe a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de interés público, a reconocerlos como sujetos de derecho público. 

Añadió que considerarlos como sujetos de interés público significa que lo pueblos y comunidades son tratados como objeto de protección, tutela y asistencia de las normas, políticas y acciones del gobierno y de terceros. 

En tanto, la iniciativa de reforma constitucional los reconoce como sujetos de derecho público, con capacidad plena para ejercer sus derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el gobierno y la sociedad. 

A partir de este reconocimiento, dijo, se consolidan los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía; en especial, para el fortalecimiento de sus formas de gobierno; jurisdicción indígena; patrimonio cultural; lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva —una disposición necesaria frente a los plagios que se dan con relación a diseños artesanales—, así como participación en la construcción de modelos educativos; medicina tradicional y las personas que la ejercen; hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados; desarrollo integral, consulta y consentimiento libre, previo e informado. 

Indicó que para hacer realidad estos derechos se establecen diversas obligaciones del Estado, entre ellos, impulsar el desarrollo comunitario y regional; asignar presupuesto que los pueblos y comunidades indígenas puedan administrar y ejercer directamente; proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, así como garantizar una educación indígena, intercultural y plurilingüe y proporcionar servicios de salud con pertinencia cultural, reconociendo la medicina tradicional. 

Destacó que la reforma contempla garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación, toma de decisiones, a la educación, la salud, a la propiedad y posesión de la tierra y demás derechos humanos. 

Asimismo, construir y ampliar vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet; reconocer las formas organizativas de residentes y migrantes, así como el vínculo con sus comunidades de origen, y celebrar consultas. 

Expuso que también se fortalece una definición constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas, su carácter de sujetos de derecho público y se les reconocen derechos específicos, así como los derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas a la educación, la salud, tecnología, arte, cultura, deporte y capacitación para el trabajo en sus propias lenguas. Finalmente, dijo que la federación, las entidades federativas y los municipios deben adoptar medidas para la implementación de estos derechos; entre ellas, crear una ley general que establezca las normas y mecanismos que aseguren el respeto y ejercicio de los derechos indígenas; armonizar las constituciones y leyes de las entidades federativas para asegurar su reconocimiento como sujetos de derecho público, y realizar las modificaciones administrativas para adecuarlas a la iniciativa de reforma. 

Recordó que la iniciativa de reforma constitucional recoge los resultados del proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrado de 2019 a 2021. “En ella está su voz, su pensamiento y sus anhelos, lo que permitirá a nuestro país reencontrarse con sus raíces más profundas y con su verdad más íntima. Representa un acto elemental de humanidad y justicia social para combatir la exclusión, el colonialismo, la discriminación y el racismo que han sufrido los pueblos del México profundo”. 

Puntualizó que esta reforma constituye la base para lograr la verdadera reconciliación nacional, pilar esencial y necesario de la Cuarta Transformación de la República, a fin de que México sea la casa de todos. 

Al terminar su participación, Adelfo Regino entregó al presidente López Obrador un ejemplar de la edición especial de la revista México indígena, que detalla también los contenidos fundamentales y publica en su totalidad la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.