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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados concluyó la integración de la Sección Instructora que tendrá que revisar las pruebas de acusación de carácter penal contra el legislador federal y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de Campeche le imputa durante su gestión como gobernador de esa entidad, y por lo que ha pedido se le retire el fuero para poderlo detener y llevar ante el Ministerio Público.
La propuesta que aceptó la Jucopo para que la Comisión Instructora esté conformada por el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé como presidente, Leonel Godoy, también de Morena, como secretario, así como en este mismo último cargo al panista José Elías Lixa Abimehri y el priista Rubén Moreira, fue llevada al pleno que aprobó las designaciones.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política entrará en vigor una vez que sea publicado en el “Diario Oficial de la Federación” por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno de México.
El pasado 16 de agosto, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados -al no estar integrada la Comisión Instructora- para solicitar el juicio de procedencia contra Alejandro Moreno Cárdenas para que pueda responder ante las autoridades correspondientes por el delito del presunto enriquecimiento ilícito.
“¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos, y las propiedades de las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre… En el caso del enriquecimiento ilícito, como en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba, quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos bienes es la persona imputada", dijo Sales Heredia ante medios.
A “Alito” se le investiga por la posesión de bienes inmuebles, uno de ellos su residencia en Campeche con un valor por más de 130 millones de pesos, y debe responder por la presunta violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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