Colegios y barras de abogados así como cámaras empresariales como la Coparmex presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de “Amicus Curiae” para sustentar la inconstitucionalidad del llamado “decretazo” mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador blindó las obras y proyectos de su gobierno como información reservada por cuestiones de seguridad nacional.

Las organizaciones acusaron que el acuerdo presidencial que considera de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del Gobierno y que permite su realización facilitando los permisos, sin cumplir el régimen en materia de autorizaciones, contrataciones y licitaciones públicas, incurre en violaciones legales y de principios consagrados en la Carta Magna, por lo que debe ser declarado inconstitucional.

Recordaron que con el llamado “decretazo”, el Ejecutivo federal puede obviar los principales dictámenes, permisos y licencias federales necesarios para ejecutar y desarrollar las obras y proyectos considerados como “prioritarios”, entre ellos el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interurbano México-Toluca y la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

“(Esto) conllevaría la construcción y operación de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, infraestructura asociada a los sectores de hidrocarburos o energía eléctrica únicamente con una autorización provisional, lo cual pondría en entredicho bienes jurídicos de la mayor relevancia individual y colectiva,”, establecieron

Además—agrega—se evidencia que la vigencia de doce meses de la autorización objeto del Acuerdo y la correlativa obligación de tramitar los dictámenes, permisos y licencias en ese plazo a fin de obtener la autorización definitiva, no resuelven las problemáticas identificadas, pues durante esa temporalidad se ejecutarán –incluso irreparablemente– obras y proyectos sin las validaciones necesarias para asegurar su correcto desarrollo.

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Colegio de Abogados de México (INCAM), y José Mario de la Garza, consejero delegado para Litigio Estratégico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentaron a la Corte este recurso donde se considera que ese “decretazo” implica una violación multidimensional a los principios de división de poderes, legalidad y jerarquía.

De acuerdo con el Amicus Curiae, el “decretazo” presentado en noviembre de 2021 por el Ejecutivo Federal y que cuenta ya con una suspensión definitiva en materia de acceso a la información otorgada por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, viola también principios del federalismo y de supremacía constitucional.

Destacaron que no existe motivo alguno para exentar la obtención de dictámenes, permisos y licencias a ningún tipo de obra o proyectos –así sea de manera provisional–, puesto que ello implica eliminar mecanismos diseñados para la protección de determinados bienes jurídicos. Por ello, el Acuerdo viola el principio de legalidad y también el principio de seguridad jurídica, toda vez que no delimita de manera clara y concisa cómo operaría esa exención.

Los colegios de abogados y el sector empresarial destacaron que el Ejecutivo federal no tiene facultades para restringir derechos fundamentales ni para establecer exenciones a la necesaria tramitación previa de diversas autorizaciones y dictámenes cuando estas últimas estén determinadas en las leyes.