La violencia, agresiones contra candidatos e intervención del crimen organizado así como el involucramiento “directo y sistemático” del Presidente Andrés Manuel López Obrador que vulneran la equidad de las elecciones son dos de los cuatro o “focos rojos” que detectó el tercer Monitoreo Electoral y pueden poner en duda la legitimidad de las elecciones del 2 de julio donde se renovará la Presidencia de la República, 8 gubernaturas, la Jefatura de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión entre otros 20 mil cargos.

Dicho monitoreo derivado del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) que suscribieron instituciones electorales, actores políticos y organizaciones civiles, detectó 5 focos rojos en el proceso electoral que está en marcha pero hizo especial énfasis en estos dos puntos por la” grave amenaza para la equidad de la contienda” que representa esta situación además de que –advirtió-- socava la credibilidad del proceso electoral

“El l titular del Ejecutivo federal ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia. En al menos 30 ocasiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que las conductas del presidente violan la normativa electoral vigente. Esta situación representa una grave amenaza para la equidad de la contienda y socava la credibilidad del proceso electoral”, advierte

El documento establece que la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Reconoce que pese a los esfuerzos realizados por las autoridades para implementar medidas de protección, como la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, el proceso electoral 2023-2024 se ha visto marcado por un preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidatos, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda.

“La violencia política, social y del crimen ha afectado a actores de todos los partidos y ha cobrado la vida de al menos 24 aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, de acuerdo con Laboratorio Electoral”, alerta

Sin embargo, de acuerdo a un conteo de agencias de consultoría van alrededor de 50 candidatos y personajes políticos que han sido atacados o asesinados por grupos criminales en el marco de este proceso electoral.

Este tercer monitoreo electoral fue presentado en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM donde acudieron su directora, Carola García, Luis F Fernández en su calidad de secretario técnico del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, Dong Nguyen experto en observación electoral y consultor de la ONU, Rosa Marta Abascal, vicepresidenta nacional de desarrollo democrático de Coparmex así como la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jannie Otalora Malassis, entre otros.

En el análisis se advierte que la intervención del crimen organizado en las elecciones locales, particularmente en estados con alta incidencia delictiva, ha alcanzado niveles alarmantes y representa un desafío sin precedentes para la seguridad de los actores políticos y la libertad del voto ciudadano.

“Es imperativo que las autoridades fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la violencia política, y que se establezcan protocolos más efectivos para garantizar la integridad física de quienes participan en el proceso electoral”, se establece

Un tercer “foco rojo” es el desempeño de las autoridades electorales, que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Advierte que por un lado, el INE ha experimentado conflictos y divisiones entre sus consejeros, lo que ha dificultado la toma de decisiones y ha generado dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral.

Por otro lado, el TEPJF también ha sido objeto de controversias y señalamientos de parcialidad de algunos de sus integrantes.

El cuarto foco rojo es la a transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus candidatos, ese lapso entre el término de las precampañas y el inicio de las campañas que tuvo lugar del 19 de enero y hasta el 29 de febrero, pasados.