El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que la dependencia que él encabeza investiga a 75 funcionarios de la Secretaría de Bienestar por denuncias que tienen que ver con el incumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales, fundamentalmente, así como conflicto de interés, nepotismo y desvío de recursos públicos, y aseguró que la lucha contra la corrupción es de verdad y completa.

Salcedo Aquino compareció ante diputados de las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El funcionario agregó que también que hay 76 denuncias en total contra los funcionarios de Bienestar, pero falta una de la que se está buscando evidencia para proceder.

"Tenemos otras investigaciones sobre otros desvíos en comedores comunitarios. Vamos sobre los hechos irregulares y estamos combatiendo la corrupción con seriedad y pasión", aseguró el funcionario.

Salcedo Aquino respondió así a la morenista Inés Parra Juárez quien le restregó que en la Servers del Bienestar continúan "las viejas mañas del condicionamiento en la entrega de los programas sociales con fines de promocionar candidaturas locales, el clientelismo y la sectorización a través de los necios intermediarios que se niegan a desaparecer a pesar de que estos son delitos electores sin derecho a fianza".

Parra Juárez, una legisladora lopezobradorista, argumentó que en 2019 presentó a la extitular de Bienestar, María Luisa Albores, copias de un expediente de denuncias contra funcionarios del nivel distrital. Sin embargo, el escritor fue turnado a la Función Pública, en ese entonces encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y hasta la fecha –señaló la diputada– no se ha hecho caso a las denuncias.

"Se tuvo una actitud evasiva por parte de la exsecretaria Eréndira, y no se ha tenido respuesta hasta el momento por parte de la Secretaría de la Función Pública, que no ha corregido la corrupción y no se ha sancionado a los funcionarios públicos señalados, ni siquiera (han sido) amonestado y continúan campantes corrompiendo el servicio público", aseguró la morenista.

Enfatizó que para el combate a la corrupción se debe sancionar y castigar a los funcionarios corruptos, y si esto no se da la Secretaría de la Función Publica es una mera instancia de simulación.

Inés Parra Juárez, diputada por Puebla, pidió cambiar el modelo preventivo para corregir la corrupción y transitar modelo punitivo y de sanción ejemplar contra todo aquel funcionado detectado como corrupto.

"No dé argumentos a la oposición de que no hay cambios en el combate a la corrupción. La Función Pública debe ser la instancia de la 'caza de corruptos'".

Roberto Salcedo insistió en que sí hay un combate real a esas prácticas y se están dando resultados.

Al arrancar su comparecencia, precisamente, el titular de la Función Pública se refirió a los programas sociales. Aseguró que mediante visitas de control la dependencia ha acompañado a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del gobierno federal, con objeto de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera. "En términos del presupuesto, este acompañamiento significó una cobertura del 74%, esto es, 400 millones de pesos (mdp) de los 542 asignados a esos programas. Para vigilar y dar seguimiento a los apoyos por 504 mdp otorgados, medio millón, a 37 millones de beneficiarios, se dispuso del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que permite homologar las características y temporalidad de la información, generar confrontas y verificar la dispersión de los recursos a los beneficiarios inscritos en 160 padrones", agregó.

Corrupción en obra pública y compras

Salcedo Aquino destacó que en materia de prevención y fiscalización se han realizado estudios que arrojan que el 80 por ciento de los actos de corrupción ocurren en la obra pública y en las compras. Por ello, dijo que con el propósito de detectar irregularidades, en ambas materias, se ha estructurado una unidad administrativa especializada en estos rubros. Primero, se ha fortalecido la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra Pública (BESOP), sistema informático en el cual se consignan todos los procesos importantes para el seguimiento de las obras, con lo que se tiene la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que permite a la Función Pública planear con precisión las visitas y las auditorías.

En cuanto a las compras, el primero de octubre de este año pusimos en operación la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), con el mismo propósito que la bitácora de obra.

"Tendremos todas las huellas de las adquisiciones que haga el sector público", aseguró.

Función Pública controlará compras

Diputados de oposición cuestionaron al titular de la Función Pública respecto a la falta de abasto de medicamentos, a lo que respondió que las compras consolidadas que tenía en sus manos la Secretaría de Hacienda, en específico la Oficialía Mayor, obligación que asumió Raquel Buenrostro cuando fue titular de esa área, hoy pasará a manos de la dependencia del combate a la corrupción para garantizar el suministro de las medicinas, y esto ha tenido –enfatizó– el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En números

Potección del patrimonio público federal, se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades y 16 proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, además de 8 fideicomisos en proceso de extinción. El universo de los recursos objeto de dictaminación fue de aproximadamente 12 billones de pesos: 6 billones de activos, 4.8 de pasivos y 1.3 billones de pesos de patrimonio.

Combate a la impunidad, sanción a 155 licitantes y proveedores. Multas impuestas que ascendieron a 154 mdp, 300% superiores al periodo anterior. Las faltas más recurrentes: proporcionar información falsa o actuar con dolo en los procedimientos de contratación, así como incumplir obligaciones contractuales.

Procedimientos de responsabilidad administrativa, 9 mil expedientes. De éstos, 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil continúan en sustanciación. De los resultados, 303 expedientes se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves, principalmente desvío de recursos y abuso de funciones.

En el mismo periodo, se impusieron más de 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 personas servidoras públicas, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto de 3,658 mdp.

Se presentaron 134 denuncias de hechos ante la FGR por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, falsificación de documentos. Ilícitos vinculados, en su mayoría, con adquisiciones de bienes y servicios, y obra pública.