La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República (FGR) arrancó una campaña para advertir de los delitos en los que pueden incurrir funcionarios y servidores respecto al uso de programas sociales una vez que este viernes inicie la última etapa del proceso electoral para la elección de más de 23 mil cargos, en los históricos comicios de México.

La Fisel informó que desarrolla acciones “blindaje electoral” en 30 dependencias federales, que incluye a secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.

Indicó que estas acciones van encaminadas, junto con la Secretaría de la Función Pública, por lo que ya realiza cursos de capacitación, distribuye posters y mensajes en los edificios gubernamentales.

“Al estar colocados en áreas públicas pueden ser vistos por alrededor de un millón y medio de funcionarios públicos, quienes de esta forma estarán informados de que existen acciones que constituyen delitos electorales y, en caso de cometerlos, pueden ser sancionados incluso con prisión preventiva oficiosa”, enfatizó.

Ambos entes de la administración pública federal difunden también mensajes a través de correos institucionales, colocación de papel tapiz en los equipos de cómputo institucionales de cada dependencia federal, distribución y difusión de materiales alusivos al blindaje electoral al interior de las dependencias, además de mensajes alusivos en los recibos de pago de los servidores públicos.

La Fisel destaca que la información que se distribuye en todas las dependencias señala que entre los delitos que podrían cometer los servidores públicos están condicionar servicios, trámites o programas gubernamentales con fines político-electorales, así como condicionar o amenazar al personal para que vote o se abstenga de votar por algún precandidato, candidato, partido político o coalición.

También son delitos electorales solicitar al personal aportaciones para apoyar a algún precandidato, candidato, partido político o coalición; utilizar recursos públicos con fines político-electorales y hacer proselitismo en horario laboral.

Recordó que la protección de los programas sociales del uso electoral comenzó en septiembre pasado y continuarán hasta el día de la jornada electoral, el próximo 2 de junio cuando se resguardarán inmuebles y vehículos para evitar que sean utilizados de manera irregular.

Precisó que IMSS, ISSSTE, Secretaría de Energía, Secretaría de Educación Pública y Secretaría del Bienestar ya son de las dependencias que han sido intervenidas contra acciones que violenten la Ley Electoral.

De acuerdo con las reformas a la Constitución en 2019, Morena y sus aliados lograron mayoría calificada para castigar con prisión preventiva oficiosa la utilización de recursos y programas sociales con fines electorales y con sentencias de hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos.

Los delitos electorales pueden ser denunciados en los Sistemas de Atención de la FISEL: FISETEL 800 8 33 72 33 y fisenet.fgr.org.mx.