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Jorge Arzave es militar retirado, reconocido por ser activista de los derechos humanos, por lo que desde 2003 ha luchado para que se respeten sus derechos luego de comprar un inmueble a través de la constructora Profusa que resultó ser inhabitable; el ex militar se ha pronunciado en distintas instancias para que atiendan el caso, incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero han ignorado sus suplicas.
En 2003 el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas le otorgó a Jorge un crédito hipotecario, la cantidad no era suficiente, por lo que el buscó en distintas locaciones hasta que se encontró con Grupo Profusa, con quien compró una casa en Cuautitlán Izcalli que se ajustó a su presupuesto, pero resultó ser una constructora fraudulenta.
A un año de adquirir su nuevo hogar, un temblor provocó que el inmueble se hundiera algunos centímetros, aparentemente la constructora se encargó de reparar los daños, ya que contaba con una garantía, así que re cimentaron la vivienda, cambiaron acabados, pero seguía presentando hundimiento y daño estructural que se dañaba constantemente.
En 2005 la casa se hundió doce centímetros, pero la garantía con la constructora había terminado, por lo que el dueño solicitó la intervención de Profeco, pero su queja no procedió y cerraron el expediente. En 2007 Protección Civil Municipal y Estatal revisaron la vivienda y la declararon inhabitable.
Según geólogos del Instituto Politécnico Nacional, el terreno está construido en lo que era parte de un lago de Cuautitlán: “El mismo estudio de suelo que presentó la constructora indicaba que tenían que sustituir el suelo por otro más duro y meter muros de contención, cosa que nunca sucedió”, explicó Jorge y agregó que el inmueble se construyo cerca de un tiradero de basura que desde hace 30 años reportó una falla geológica que provocó la producción de gas metano.
En 2010 se clausuró dicho tiradero y se abrió un tiradero regional donde llega la basura de la CDMX, mismo que viola normas ambientales.
“Aparte del daño a las casas, los factores ambientales nos han ocasionado problemas de salud, no tenemos agua, el hundimiento es general, calles banquetas, escuelas”, compartió el ex militar.
Desde que se presentaron alomalías con el inmueble se realizaron estudios y peritajes con los que lograron ganar una sentencia al municipio y se inició un procedimiento administrativo de sanción en materia de protección civil por atentar contra la vida de los colonos, pero se le dio carpetazo al tema, por lo que Jorge solicitó un aparo.
Después se realizó otro peritaje que comprobó que los daños del inmueble habían incrementado, pese a ello, le notificaron a Jorge que lo único que podían hacer es avisar a la gente que vive en zona de riesgo.
Jorge presentó el caso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto: “La constructora presumió haber negociado con una de las licenciadas en la oficina de alto comisionado y le dieron carpetazo, por lo que presenté mi caso ante la CNDH”, comentó Jorge.
El caso se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013, pero la respuesta fue ineficiente: “Yo no me hago responsable, tu elegiste vivir ahí”, le dijo la licenciada al ex militar, sin embargo, le ofrecieron reuniones para dar seguimiento, pero en menos de un mes le dieron carpetazo.
Hasta el momento nadie le ha dado una solución a Jorge, durante más de una década ha insistido en cada una de las instancias que le es posible acercarse para que atiendan su situación y se haga justicia.
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