Más de 20 organizaciones de la sociedad civil preocupadas por lo que pudieran hacer las empresas de alimentos y bebidas, en el próximo sexenio, hicieron un llamado a los tres aspirantes a la Presidencia de la República, a velar por el interés de la sociedad mexicana y el derecho a una vida saludable.

Ello, debido a que a lo largo de la historia, las industrias que comercializan productos alimenticios procesados así como bebidas azucaradas, se han valido de diversas estrategias tales como: la intimidación y difamación, el socavo a la ciencia, las acciones legales, la creación de campañas de responsabilidad social corporativa, las puertas giratorias, entre muchas otras, técnicas de las que se vale la industria para interferir en las políticas públicas.

Ante la cada vez más cercana elección presidencial del 2 de junio, organizaciones de la sociedad civil advierten que empresas han interferido en la política en México, socavando los derechos humanos, deteriorando la calidad de vida, mientras priman los intereses comerciales.

Ante tal panorama, representantes de organizaciones como: Salud Justa Mx, Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), Greenpeace México, Agua para Todos, Agua para la Vida; Cambiémosla Ya!, El Poder del Consumidor y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) hicieron un llamado a las y al candidato presidenciales, a anteponer el interés público de la sociedad, por encima de los intereses corporativos.

Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, señaló que “no podríamos explicar la grave situación de salud que vivimos en México, como las declaradas epidemias de obesidad y diabetes, sin la captura del Estado por las corporaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas”.

Más de cinco ex secretarios de salud mantuvieron relación con la Fundación Mexicana para la Salud creada por la iniciativa privada, todos ellos bloqueando las políticas para regular los productos chatarra y las bebidas azucaradas, además de haber bloqueado las recomendadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para reducir el impacto del consumo de alcohol y tabaco.

Cada regulación es combatida por estas corporaciones, más recientemente, con cientos de amparos contra el etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, buscando aliados en los ministros de la Suprema Corte, al mismo tiempo que tiene detenidos los lineamientos para publicidad de estos productos, incumpliendo los tiempos para su publicación, y los lineamientos para su venta en escuelas”.

Dichas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), denunciaron la constante interferencia de las grandes empresas como: mineras, tabacaleras, alcoholeras, de alimentos ultra procesados, bebidas endulzadas, agroquímicos, productoras de plásticos, así como extractoras de agua, en las políticas y normativas aplicadas para las distintas regulaciones de sus productos y prácticas con impactos negativos sobre la salud pública, el medio ambiente y la garantía de los derechos humanos.

A su vez, Yahaira Ochoa de Salud Justa Mx, señaló que hay evidencia de cómo las tabacaleras cabildean en el Congreso de la Unión y otros niveles de gobierno para detener o entorpecer las políticas públicas para el control del tabaco.

Refirió que a través de grupos de fachada interpusieron más de 2,000 mil amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, echando atrás la prohibición de la exposición de tabaco en los puntos de venta, entre otras medidas.

Ante ello, abundó, la petición para quienes lleguen al poder, es que pongan especial atención en estos intereses, el derecho a la salud debe prevalecer por encima de cualquier interés económico”.

Es fundamental, señalaron, que quien gane la Presidencia de la República, así como el resto de los cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio se conviertan en “garantes de los derechos humanos y proteger la salud y al medio ambiente a través de regulaciones de la interferencia corporativa recomendadas por organismos internacionales.

El llamado esa establecer políticas efectivas de transparencia, rendición de cuentas y la promoción de buenas prácticas de gobernanza en materia de conflicto de interés.