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A más de 22 años, de la tipificación de este delito, así como de la firma de múltiples tratados internacionales,
México ha incumplido compromisos para combatir la corrupción e incluso el país no ha emitido ninguna sanción por cohecho internacional —incluso en casos como el de Odebrech —y se desconoce el estatus de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por ese delito.
Aunque México es parte de la Convención Anticohecho de la OCDE desde 1999 donde se compromete a perseguir el cohecho internacional, es uno de los 19 países firmantes que no han ejercido ninguna sanción, incluido este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya bandera principal es el combate a la corrupción.
En cambio, Estados Unidos y Alemania concentran 70% de las sanciones aplicadas.
Según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la instituciones mexicanas responsables de detectar e investigar el cohecho internacional cuentan con capacidades limitadas y sobre todo “falta de capacitación”.
“El personal de la UIF no cuenta con personal capacitado para detectar, analizar y dar seguimiento a la información financiera que pudiera estar vinculada al delito de cohecho internacional”, establece
El cohecho internacional ocurre cuando una persona o empresa, soborna a un funcionario público de otra nacionalidad para obtener una ventaja al momento de realizar negocios en el extranjero.
Por ello, desde hace más de 20 años, se han creado convenciones internacionales con el fin de prevenir, detectar y sancionar el cohecho internacional. Casos como el de Odebrecht, Grupo México y Vitol han demostrado que la corrupción no es solo un problema de Estado de derecho, sino que las redes de soborno, trascienden las fronteras y provocan daños a la competitividad e instituciones de otros países.
En 2020, el IMCO publicó un informe en el que se documentó el bajo cumplimiento de México en la persecución del cohecho internacional. A un año de ese reporte, los avances en la materia han sido insuficientes.
Además, el número de investigaciones iniciadas por este delito se mantiene bajo en comparación con sus principales socios comerciales, lo que podría traer sanciones o quejas a México, e incluso podría impactar en su
capacidad para renegociar tratados.
Mientras que Estados Unidos y Alemania concentran 70% de las sanciones por cohecho internacional y 30% de las sanciones restantes corresponden a más de 20 países que han logrado por lo menos una sanción por este delito, México no ha ejercido ni una sola.
Durante 2021, México no inició ni una sola investigación por Cohecho internacional.
En cambio, las investigaciones por cohecho de Estados Unidos representaron 40% de todas las investigaciones iniciadas en el mundo.
El informe del IMCO alerta qué hay una
falta de información en México sobre esta materia pues la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción no reporta las investigaciones relacionadas con el cohecho internacional.
Además, se desconoce si los recursos económicos y humanos destinados a esta institución son suficientes para investigar y perseguir este delito.
Asimismo hay una falta de monitoreo. pues el portal de alertadores de la corrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no permite a los ciudadanos y a los servidores públicos realizar denuncias por cohecho internacional.
“Falta de marco jurídico. Las guías de la SFP sobre protección de denunciantes dirigidas a las empresas son insuficientes sin una legislación en la materia”. ,establece
Por otro lado, la OCDE ha explicado que México carece de una legislación de protección a denunciantes.
Los esfuerzos realizados por la Secretaría de la Función Pública para promover los sistemas de denunciantes en las empresas mexicanas resultan insuficientes si no se cuenta con un marco jurídico que los sustente, así como la capacidad de implementación y seguimiento de estos.
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