A tres años del arribo a la Presidencia de la República, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador hay más violencia, más impunidad e instituciones menos fortalecidas para enfrentar la crisis de seguridad, pese a que en las calles existen tres veces más efectivos de las Fuerzas Federales, señaló el Observatorio Nacional Ciudadano, de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al presentar el estudio Tres años sin Gobernabilidad, Resultados, ni Rumbo fijo en Seguridad, Francisco Rivas, director del ONC, señaló que con la creación la Guardia Nacional, y su distribución en 266 coordinaciones regionales, se planteó atender la violencia a partir de algunos criterios locales. Luego, el gobierno optó por atender 17 municipios prioritarios y posteriormente amplió la lista a 50, tal como ocurrió en el sexenio pasado, desde una visión central y alejada de los actores sociales locales.
“Esta regionalización es altamente reactiva y cortoplacista. Este mes asignaron personal adicional en Quintana Roo y Zacatecas”, este último estado en el que se ha recrudecido la violencia, con cuerpos colgados en puentes peatonales.
El análisis de los 36 meses de la actual administración federal revela que hay un auténtico deterioro de las condiciones de gobernabilidad que se evidencia no sólo en las condiciones de seguridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el Presidente, en la gestión de la crisis migratoria por parte de la Guardia Nacional, en la atención a las víctimas, en la criminalización que se ha hecho de los jóvenes y de los pobres, entre otros.
Rivas lamentó que el titular del Ejecutivo Federal ha presentado, en estos tres años, 41 iniciativas ante el Congreso de la Unión, pero sólo seis son las que están relacionadas con asuntos de seguridad pública y nacional.
“México ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor presencia criminal y debilidad institucional, solamente detrás de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar. Peor aún, si se considera el indicador del tamaño del mercado criminal, México se ubica en la nada honrosa primera posición”.
“La agenda legislativa no se orienta al fortalecimiento de las instituciones, sino a dotar de mayor respaldo a la labor de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, en las diversas encomiendas que han recibido desde la Presidencia de la República”, lamentó Rivas.
El experto en temas de estrategias de seguridad destacó la efectividad de las medidas contra la piratería marítima, pero señaló que, ante el secuestro, esta administración ha recortado 31.3% los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro respecto a lo asignado en su origen. Alertó sobre el uso de la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Es de suma importancia, evaluar los alcances de esta disposición, pues a la fecha se desconoce si esta medida temporal ha resultado en más decomisos definitivos derivado de los procesos penales federales por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El análisis del ONC también examina las acciones para proteger los derechos humanos, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la atención a víctimas y la política social. De acuerdo con éste, no hay evidencia de que exista una atención efectiva a las poco más de 270 mil víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia.
Victimizar la pobreza y el subsidio social
En el estudioTres años sin Gobernabilidad, el Observatorio Nacional Ciudadano destaca que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” recibió 40 mil millones de pesos en 2019, el año pasado 24,958 millones en 2020, poco más de 20,600 millones en 2021 y para 2022 se proyecta que tendrá 21,196 millones, lo que representa el mayor recorte presupuestal que ha tenido, pese a ser uno de los proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación
“El discurso presidencial es reiterativo sobre el efecto de este programa en la paz, al asegurar que de esta manera se evita que los jóvenes sean reclutados por el crimen, sin embargo, la política social no es política de seguridad”.
Advirtió que este programa cambia constantemente de población objetivo lo que dificulta una evaluación rigurosa de su impacto en términos de seguridad.
“Asegurar que la pobreza o la falta de oportunidades llevan necesariamente a los jóvenes a delinquir es una visión incompleta del problema. En el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo señalamos que son varios factores a nivel individual, relacional, comunitario y social los que van sumando vulnerabilidades que orillan a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas desde edades muy tempranas”, indicó, a la vez que dijo que no se vislumbra un cambio de abordaje en torno al combate a la pobreza como medida que condicione el descenso de la criminalidad. Se entrevé, en todo caso, seguir incrementando el subsidio social revictimizando a la población que vive en condiciones de pobreza, haciendo eco de añejos argumentos de que los pobres por necesidad pueden convertirse en delincuentes”.
Francisco Rivas criticó el trabajo de la Fiscalía General de la República. A la fecha, ésta sólo ha rendido siete informes en los que se advierten escasas transformaciones de fondo, y más que avances se han hecho notorios los retrocesos en la arquitectura normativa de la nueva institución.
Advirtió la ausencia de avances en el Programa Nacional de Exhumaciones a cargo de la FGR y lamentó que así se obstaculice la aplicación de la justicia para cada persona desaparecida y sus familias, además de limitar los procesos para la búsqueda de la verdad y reparación del daño.
“En estos tres años, el ONC identificó que la gobernabilidad tendió hacia la centralización con tintes antidemocráticos en la ejecución de políticas públicas. Esto debería encender las alertas de todos pues el escenario para 2024 no tiene un pronóstico favorable”.
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