Ordena INAI a INEGI informar incidentes de encuestadores con crimen organizado
El año pasado, en la Cámara de Diputados, funcionarios del Inegi revelaron que a veces tienen que pagar para que su personal entre a zonas controladas por las organizaciones delincuenciales, recordó la comisionada, Blanca Lilia Ibarra
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Encuestadores del INEGI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al INEGI informar sobre los incidentes que han registrado sus encuestadores y aclarar cuantos han sido relacionados con el crimen organizado entre el 2012 y el 2023.
La comisionada, Blanca Lilia Ibarra Cadena recordó que el año pasado, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados, personal del Inegi dio a conocer que, en ocasiones, se tiene que pagar para que su personal entre a zonas controladas por las organizaciones delincuenciales.
Al respecto, un particular solicitó al Inegi detalles, entre 2012 y noviembre de 2023, acerca de cuántos incidentes de seguridad han reportado sus servidores públicos y encuestadores, precisando por cada caso, el nombre y cargo del servidor público que hizo el reporte;.
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Asimismo el Estado y municipio donde se suscitó el incidente; en qué consistió éste; si se trató de una amenaza, extorsión, privación ilegal de la libertad, lesiones, desaparición, cobro de derecho de piso, o robo, entre otros; cuánto tuvo que pagar el servidor público; si el crimen organizado estuvo involucrado y a qué grupo se le adjudica; la fecha del evento y si éste se presentó durante el levantamiento de alguna encuesta o censo.
El INEGI entregó en formato PDF información de 2019 a 2023, con el tipo, número y total de incidentes de seguridad desglosada por año, e indicó que no está obligado a generar documentos ad hoc para la atención de solicitudes de información.
Sin embargo, la comisionada, Ibarra Cadena explicó que el INEGI dejó de observar el principio de exhaustividad y tampoco se advirtió que se haya realizado la búsqueda en las Direcciones Regionales de ese organismo , por lo que la respuesta no da certeza de que lo entregado sea la totalidad de la información.
Además, omitió turnar la solicitud a dos Direcciones Generales que dirigen los procesos de los censos, así como el levantamiento de la información que se genera, por lo que podrían contar con los reportes de incidentes en contra de sus encuestadores o servidores públicos.
Tampoco turnó la solicitud a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, quien conoce y da seguimiento a las denuncias ante el Ministerio Público y, por ende, el sujeto obligado no garantizó el carácter exhaustivo de la búsqueda de la información.
Aunado a lo anterior, el Inegi omitió dar acceso a la información en formatos abiertos que permiten el filtrado y procesamiento de la información.
La comisionada resaltó que, al contar con esta información, las autoridades pueden desarrollar modelos predictivos de delincuencia, para identificar dónde y cuándo es probable que ocurran delitos, permitiendo a las fuerzas de seguridad desplegar sus recursos de manera más eficiente.
Por ello, el INAI determinó modificar la respuesta del sujeto obligado, y le ordenó hacer una nueva búsqueda exhaustiva de lo solicitado, entregándolo preferentemente en formato abierto.