En medio de las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre todo en la construcción del Tren Maya, el INAI ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregar la información sobre las denuncias atendidas por muertes de jaguares en los últimos cinco años, la localización del resguardo de “partes” de estos felinos decomisadas de 2018 a 2023.

Asimismo la Profepa debe dar a conocer la ubicación de los ejemplares que hayan rescatado vivos, en los últimos 10 años, y se encuentren libres.

La profepa consideró inexistente esa información pero e INAI reviró que esa dependencia incumplió el procedimiento de búsqueda, pues no turnó la solicitud a la totalidad de las unidades administrativas competentes; asimismo, empleó un criterio restrictivo respecto del periodo y elementos que integran la solicitud.

Además, se advirtieron indicios de la existencia de lo solicitado, pues se identificó una nota periodística relativa a la liberación de un ejemplar rescatado por la Profepa en la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an; asimismo, se localizaron dos comunicados de la institución, fechados en 2018 y 2019, de los que se desprende que se investigó una supuesta muerte de jaguar en el municipio de Escárcega, Campeche, y otro que da cuenta de la atención de un ejemplar atropellado, en Quintana Roo.

La Comisionada Josefina Román Vergara subrayó que contar con información medioambiental fortalece las acciones para cumplir con lo establecido en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además posiciona a México como líder en la región latinoamericana en la protección del derecho a saber.

“Este caso demuestra que la transparencia y el acceso a la información son pilares imprescindibles para la sociedad, a través de los cuales se busca contribuir, mediante acciones concretas a la conservación de las especies en riesgo”, recalcó

La Comisionada recordó que México es parte del Acuerdo de Escazú, que tiene por objeto garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, del derecho de acceso a la información ambiental, que busca ser catalizador de la protección del derecho de cada persona, en el presente y futuro, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó buscar y dar a conocer las denuncias atendidas por muertes de jaguares en los últimos cinco años, la localización del resguardo de “partes” de estos felinos decomisadas de 2018 a 2023, así como la ubicación de los ejemplares que hayan rescatado vivos, en los últimos 10 años, y se encuentren libres.