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Ordenan liberar a tres militares por caso Tlatlaya

Los últimos tres militares detenidos por la masacre de 22 civiles ocurrida en 2014 en la comunidad de San Pedro el Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron absueltos en definitiva de los delitos que se les imputaban.

Militares mexicanos resguardan un narcolaboratorio
Militares mexicanos resguardan un narcolaboratorio Militares mexicanos resguardan un narcolaboratorio (La Crónica de Hoy)

Los últimos tres militares detenidos por la masacre de 22 civiles ocurrida en 2014 en la  comunidad de San Pedro el Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron absueltos en definitiva de los delitos que se les imputaban.

El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito de Toluca dictó auto de libertad a los elementos Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados  de homicidio, encubrimiento (en la modalidad de alteración) y modificación de la escena del crimen.

De los ocho elementos procesados por los hechos referidos, estos tres son los únicos llevados ante un juez civil.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la resolución judicial asentada en el expediente 247/2015 y emitida por el magistrado titular del  Sexto Tribunal Unitario, Adalid Ambriz Landa,  desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos referidos, que tuvieron gran impacto, ya que los civiles muertos, presuntamente integrantes de una organización criminal, habrían sido ejecutados de manera extrajudicial.

La dependencia encabezada por Arely Gómez González señaló que acatará la resolución judicial conforme al marco legal vigente.

Sin embargo consideró que  el Ministerio Público de la Federación ofreció todos   los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos castrenses.

De esta manera,  los militares serán puestos en libertad de la reclusión en que permanecían en la Prisión Militar Número 1-A con sede en la Ciudad de México.

En marzo pasado, un Juez de la Procuraduría de Justicia Militar exoneró a siete de los ocho elementos relacionados con esta masacre en la que presuntamente murieron integrantes del crimen organizado.

La Procuraduría General de la República (PGR) defendió su actuación en el caso y  recordó en ese momento que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se había ejercido acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos.

Indicó que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, dictó auto de formal prisión a tres por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes.

La dependencia afirmó que derivado de la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.

En esta investigación, señaló, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido.

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