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PAN acusa a López Obrador de uso ilegal de información del Estado para atacar a la oposición

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Cuartoscuro / Daniel Augusto Sánchez Moreno

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de uso ilegal de información del Estado para atacar a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, luego de que el mandatario publicara las cuentas de sus empresas.

Después de amenazar con ello durante días, López Obrador publicó el viernes en su cuenta de Twitter los contratos que dos de las empresas de Gálvez, OMEI y High Tec Services, habrían firmado con instancias del Gobierno por un valor de cercano a los 1,400 millones de pesos.

El documento también incluye los contratos con empresas privadas, además de sus gastos, nóminas y datos sobre sus responsables.

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"Se trata de un delito difundir contratos de empresas y de clientes, tanto del sector público como privado", expuso el dirigente nacional del partido, Marko Cortés, en un comunicado.

"Acompañaremos a Gálvez Ruiz en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el primer mandatario, ya que violó una serie de leyes, y esto no lo podemos dejar pasar", señaló Cortés.

"Hacemos un llamado al presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes", agregó.

También instó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, a quien presuntamente acusa de estar detrás de la información sobre las empresas de Gálvez, a no realizar activismo político.

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Sin embargo, Andrés Manuel negó haber empleado información federal para elaborar dichos documentos.

"Si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, casi es de dominio público", aseguró.

Además, dijo que él tenía que publicar dichos documentos porque los medios de información son realmente de "manipulación" y están "al servicio de la mafia del poder, del bloque conservador".

Aunque el mandatario pidió que se investigase a Gálvez por los contratos de sus empresas con el Ejecutivo, que se remontan a 2015, y se interponga la denuncia correspondiente, en ningún momento ha detallado cuáles son las presuntas irregularidades que presentan las cuentas.