Búsqueda
Casi a la callada, con ocasionales comentarios en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido desarrollando su particular proyecto histórico, consistente en rescatar los restos de Catarino Erasmo Garza, un tamaulipeco nacido en el siglo XIX que hacia 1891 soñó con derrocar al gobierno de Porfirio Díaz.
Para recuperar los restos del personaje, asesinado en Panamá en 1895, el gobierno federal mexicano movilizó a 80 integrantes de las fuerzas armadas y a especialistas en antropología forense. Ahora, que el tiempo, el dinero y el personal invertidos le han entregado al presidente un pequeño fragmento de hueso, lo único identificable como perteneciente al personaje, de entre todos los restos analizados, no deja de haber polémica por el ejercicio de esos recursos, cuando en todo el territorio mexicano abundan los restos humanos recuperados de fosas clandestinas, que aguardan a que haya el presupuesto y la voluntad de trabajar para identificarlos.
Es esta la coyuntura que vuelve polémica la búsqueda ordenada por el presidente López Obrador, porque una mirada al pasado, reciente y remoto, demuestra que el suyo no es el primer gobierno que invierte estructura y esfuerzo en encontrar restos de personajes históricos.
RESTOS HUMANOS Y LOS HÉROES DE LA PATRIA
La existencia de reliquias laicas, que eso son los restos de los personajes históricos a los que se les rinde culto cívico, es un asunto que los historiadores académicos del presente miran con cierta incomodidad. La trascendencia de los protagonistas de los grandes acontecimientos y procesos que forman la historia de una nación, no se define por la localización y el homenaje a sus despojos, se ha dicho muchas veces. Pero no siempre fue así. A lo largo de los años, gobiernos y gobernantes buscar dar un sitio de honor a los últimos signos de la vida terrenal de quienes son fundadores de un país o de un régimen. En Francia, así ocurre con los restos de Napoleón, en Estados Unidos, con los de Washington y Lincoln.
Pero, ¿qué ocurre con aquellos restos humanos perdidos o abandonados? Los gobernantes del presente se embarcan en una búsqueda en ese mundo de claroscuros que es el estudio del pasado: se destina dinero y esfuerzo para perseguir huesos.
En México, el asunto comenzó con nuestra vida independiente. No bien Agustín de Iturbide se marchó al exilio, el Congreso con el que había tenido duros enfrentamientos, emitió un decreto, en 1823, que declaraba héroes de la patria a los primeros caudillos insurgentes y ordenó el rescate de sus restos, puesto que todos habían muerto como delincuentes: así se trajeron al centro del país, los despojos de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de Juan Aldama y de Mariano Jiménez desde Chihuahua; de Ecatepec a José María Morelos, de Morelia a Mariano Matamoros y de esa manera se integró el primer panteón de huesos ilustres del joven país que era México.
Aquel memorable mitote, que en otros momentos ha narrado Historia en Vivo, tuvo resonancias. Un chisme, surgido a mediados del siglo XIX, afirmaba que los restos de José María Morelos habían sido robados de la Catedral metropolitana de la ciudad de México, nada menos que por el hijo del cura insurgente, Juan Nepomuceno Almonte. El chisme, sin sustento, generó inquietud en 1925, cuando se iban a depositar los restos de todos los insurgentes en la Columna de la Independencia; el asunto resurgió en los años 70 del siglo pasado, pero no pasó de una discusión entre investigadores. Una mala lectura de las fuentes sobre el tema hizo que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari aprobara y financiara el viaje a París de dos investigadores que abrieron la tumba de Almonte en 1990, bajo la hipótesis de que el hijo de Morelos había robado efectivamente los restos de su padre. Pero en el nicho que guardaba el cuerpo momificado del general Almonte, no había otros restos.
Como una espina molesta en el orgullo nacional, la conseja sobre el robo de los huesos de Morelos resurgía cada tanto. A poco de asumir la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, quien señala a Morelos como su figura inspiradora, solicitó al INAH indagara si algo había que permitiera dar con los restos robados. El asunto se acabó muy pronto, cuando Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia, y un equipo de investigadores, llamaron la atención sobre factores que antes no se habían considerado, como el hecho de que, desde 1823, había cierta revoltura en los restos rescatados, de modo que nadie, en el siglo XIX, hubiera podido, con certeza, robarse los restos de Morelos, que, finalmente, sí estaban en su urna de la Columna de la Independencia.
No obstante, se destinó dinero y personal para el análisis y preservación de los restos de los insurgentes, como parte de las conmemoraciones del bicentenario del inicio de la independencia, en 2010, con intensas críticas del gremio de historiadores. Algunos de ellos llegaron a calificar el ceremonial dedicado a los restos, en sus diversos traslados, como un ejercicio “necrofílico”.
Pero todo esto importa para lo que ocurre en el presente: derivado de los homenajes decimonónicos, el ceremonial militar vigente dispone honores de Estado “para los restos de los héroes de la patria”. Desde 1823. Y hasta la fecha, no hay problema con los restos de los insurgentes: aquel añejo decreto deja muy claro que ellos son “los héroes de la patria”. ¿Qué pasa con quienes no entran en ese viejo supuesto?
OTROS HUESOS PERDIDOS Y EL CASO CATARINO GARZA
En 1884, en la transición del gobierno de Manuel González a la segunda gestión de su compadre, Porfirio Díaz, los representantes diplomáticos de México en España recibieron órdenes de hacer gestiones e investigación para localizar los restos de Mariano Abasolo, uno de los compañeros de Hidalgo, que había eludido la pena de muerte y en cambio fue desterrado a una prisión militar en el puerto de Cádiz.
Las investigaciones permitieron informar a la presidencia de la República que los restos del insurgente se habían perdido de manera irremediable en una remodelación del cementerio de San José Extramuros. Nadie, en aquellos días, cuestionó la decisión del gobierno mexicano de efectuar tal búsqueda, cosa bastante entendible: estaba el decreto de 1823 y hace 140 años no existían los mecanismos de rendición de cuentas que hoy, administrativa y éticamente, cuestionan la búsqueda de Catarino Erasmo Garza.
El caso Garza es cuestionado porque el revolucionario tamaulipeco no pertenece al gran canon de los “héroes de la patria”. Es uno de esos “héroes anónimos” al que pocos investigadores han dedicado tiempo y esfuerzo, es decir, es uno de esos sujetos tratados por la actual hiperespecialización de los historiadores profesionales. El gran biógrafo de Catarino Erasmo Garza ni siquiera es mexicano; es el estadunidense Elliot Young, que ha rastreado en Texas la odisea del tamaulipeco. Es su obra, Catarino Garza´s Revolution on the Texas-Mexico Border, la fuente principal de Andrés Manuel López Obrador para el libro biográfico que sobre Garza publicó en 2006 y que hoy es una curiosidad de librería de viejo, porque años hace que está agotado.
Antes de irse de la presidencia, López Obrador le dedica un video de casi 20 minutos a Catarino Garza, y depositará el hueso identificado en un sitio honorífico, allá en Tamaulipas. Los reclamos de la sociedad civil, acerca de los cientos de restos humanos sin identificar, producto de la violencia, no han sido obstáculo para que el revolucionario decimonónico regrese a su tierra, porque en estas cosas de restos humanos y personajes históricos, si no hay historiadores de por medio, es el poder político el que decide qué se hace con los personajes ilustres.
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