A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos, la discriminación y la violencia persisten contra la comunidad LGBTTTIQA+ en México. Según datos recientes, 1 de cada 20 personas en el país se identifica como parte de esta población. Sin embargo, aún enfrentan múltiples formas de discriminación y violencia, incluidas prácticas como las llamadas "terapias de conversión" o ECOSIG.

Estas terapias, que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, a menudo implican violencia física, moral o psicoemocional, e incluso pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado casos que van desde el abuso verbal hasta agresiones físicas y sexuales.

La Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México reveló que 1 de cada 3 jóvenes LGBTQ+ intentó suicidarse el año pasado como resultado de estas prácticas. Es importante destacar que no existe nada patológico en la diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género, y los intentos de "curar" este aspecto de la identidad de las personas son injustificables.

En respuesta a esta problemática, en 2020 la Ciudad de México prohibió y sancionó las ECOSIG, seguida por 13 entidades federativas que realizaron reformas similares en sus Códigos Penales Locales. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Decreto que busca prohibir estas prácticas a nivel federal, con sanciones específicas para los profesionales de la salud que las lleven a cabo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce los esfuerzos legislativos y de la sociedad civil para proteger la dignidad y salud de las personas de la comunidad LGBTTTIQA+, reafirmando que no hay nada que "curar" en su identidad.