El PRI en el Senado pidió al Gobierno Federal que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se instruya a los directores de los planteles de educación básica, a garantizar el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la condición del trastorno del espectro autista.

También solicitó a la SEP que instruya a que se revisen y, en su caso, se modifiquen los planes educativos, exámenes, evaluaciones, así como los protocolos de atención para la población infantil con capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje diversos, a fin de cumplir con una educación incluyente.

La senadora del PRI, Verónica Martínez explicó que el trastorno del espectro autista es una condición que, se estima, afecta a uno de cada 100 menores de edad; sin embargo, dicha cifra es sólo una proyección media, pues los casos observados varían considerablemente debido a que no existe un estudio y monitoreo obligatorio que permita detectarlo.

Por ello, muchos casos se diagnostican demasiado tarde, sobre todo en países de bajos ingresos, donde su prevalencia es desconocida por la falta de exámenes.

Martínez dijo que se trata de una condición especial que les dificulta a los infantes entablar relaciones de amistad y de afecto, porque presentan patrones atípicos de comportamiento; sin embargo, también desarrollan intereses especiales e intensos sobre diversos temas que los hacen altamente competitivos y confiables.

Por ello llamó a la titular de dicha dependencia, Leticia Ramírez, ordenar que se capacite al personal docente de educación básica, con la finalidad de que se atienda adecuadamente a los menores que se encuentren con dicho trastorno, para satisfacer las necesidades derivadas de esa condición.

Recordó que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista estipula que entre los derechos de este sector está “recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente”.

Dijo que, a pesar de que la Ley los protege, en la práctica la situación es diferente en diversos aspectos, como cuando los padres tratan de conseguir un diagnóstico para sus hijas o hijos por parte de las instituciones de salud pública, o para que reciban una educación adecuada.

Afirmó que los menores con un diagnóstico oportuno y que tienen acceso a una educación adecuada, pueden llevar una vida normal y ser productivos en muchos ámbitos, por lo que se debe garantizar que reciban una educación inclusiva, con personal docente capacitado.