Plan ANGEL podría impulsar una Ley de Ciberseguridad y una Agencia Nacional de Ciberespacio: Sánchez Belmont
Sánchez Belmont es autor de nueve libros sobre el tema
ciberseguridad
Marcelo Ebrard encabezó la presentación del Plan Ángel
El Plan ANGEL, propuesto por Marcelo Ebrard, candidato presidencial de Morena, ha encendido la discusión acerca de la necesidad de una legislación actualizada en el campo del ciberespacio. Según Oscar Sánchez Belmont, un experto en Ciberinteligencia, este plan es un pretexto perfecto para abordar la decenas de leyes estancadas en esta materia en Congreso de la Unión.
El Plan ANGEL, una acrónimo que significa "Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad", tiene como objetivo reducir la criminalidad mediante el uso de ocho tecnologías de vigilancia. Estas incluyen el reconocimiento facial, la detección exacta de disparos de armas de fuego, el reconocimiento de patrones morfológicos de delincuentes, el empleo de drones y rastreadores de vehículos, cámaras inteligentes para la Guardia Nacional y la interconexión de bases de datos.
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En este contexto, Sánchez Belmont recordó que en un panel reciente sobre Redes Sociales y Ciberseguridad, el Contraalmirante Genaro García Cetina, jefe de la Unidad de Ciberseguridad de la Secretaría de Marina, sugirió la creación de una Agencia Nacional de Ciberespacio para prevenir posibles ataques cibernéticos.
Planes similares se aplican en algunos países.
Sánchez Belmont apoyó la idea de progresar en la legislación pendiente en esta área, como la aprobación de la Ley de Ciberseguridad y la creación de la Agencia Nacional de Ciberespacio. Enfatizó también la necesidad de asegurar los derechos humanos en el uso de la tecnología, argumentando que la tecnología no es una amenaza si se utiliza dentro de un marco jurídico constitucional.
En resumen, la propuesta del Plan ANGEL de Marcelo Ebrard ha revitalizado el debate sobre las leyes pendientes en el ámbito del ciberespacio. Expertos como Oscar Sánchez Belmont ven en esta iniciativa una oportunidad valiosa para establecer un marco legal adecuado que permita el uso seguro de la tecnología en beneficio de la sociedad, siempre con respeto a los derechos humanos.
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