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Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados erigido en Jurado de Procedencia determinó retirarle la inmunidad procesal, es decir, el fuero, al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, luego de que el agente del Ministerio Público de la Federación argumentara ante los legisladores que el servidor público cometió presuntamente diversos delitos como el ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Marcela Guerra Castillo -que condujo al Jurado de Procedencia en en este proceso de desafuero y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó luego de emitirse la votación del pleno: "Ha lugar a proceder penalmente contra el ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos por los probables delitos del ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al llamado de “no permitamos que servidores públicos asuman cargos sin contar con controles de confianza”, al agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República, Juan Gabriel Hernández Morales, expuso los argumentos para pedir al Jurado de Procedencia (pleno de la Cámara de Diputados) retirar la inmunidad procesal penal contra el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara.
En defensa del acusado por la FGR, su abogado Gabriel Regino pidió a los diputados no dejarse sorprender por “una fiscalía de terrorismo. El fiscal no ha “cometido en ningún delito”.
En su réplica, el agente del MP federal señaló que la obstrucción del funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional también se castiga conforme a lo establecido en la Constitución federal, además de que los exámenes de control o ejercicio ilícito del servicio público no prescribe, menos aun cuando este se detectó en tiempo y forma, es decir desde 2020.
La representación social federal convenció al Jurado de Procedencia que votó a favor del desafuero.
Por tratarse de delitos federales de los que está acusado el fiscal estatal, no se requerirá la declaratoria del Congreso del estado en la que señale "si ha lugar o no a la formación de causa", de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución local.
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