Enviado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Javier Laynez Potisek, acompañado de sus compañeras del pleno Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, expresó ante líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que una reforma al Poder Judicial debe comenzar desde lo local, en los estados, y coincidió con Ortiz Ahlf en que cualquier modificación al actual marco normativo debe incluir “garantías mínimas de la separación de poderes”.
Laynez Potisek pidió a los diputados que cuando se hable del Poder Judicial de la Federación (PJF) no se piense en las y los 11 ministros, sino en los más de 45 mil servidores públicos, entre personal administrativo y jurisdiccional, cuando se habla de plantear la forma en que se eligen a quienes sirven a este poder de la Federación.
“Las decisiones que ellos toman en sus circuitos, y se los digo cuando voy (a los estados), muchas veces son mucho más importantes que las que toma la Suprema Corte”.
Por ello, Laynez Potisek pidió a los legisladores -sobre todo de Morena, que ha planteado a instancias del presidente Andrés Manuel López Obrado la reforma al Poder Judicial- “no olvidar la justicia local, pues es la puerta de entrada donde las personas se confrontan a los juicios que más les pueden doler. Es algo fundamental en el mejoramiento, si queremos hablar de acercar la justicia a la ciudadanía”, resaltó el ministro, quien recibió las conclusiones de los análisis que se realizaron en los conversatorios sobre una eventual reforma al Poder Judicial de la Federación y que organizó el grupo parlamentario de Morena, que lidera Ignacio Mier Velazco.
Loretta Ortiz fue contundente al señalar que cualquier cambio a la Constitución o a leyes secundarias en materia del Poder Judicial es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales.
“Cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente, así como (recursos económicos) fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía al debido proceso y el derecho de protección judicial”.
Al referirse al tema de cómo se deben elegir a las y los ministros que integran el pleno de la Corte, que la 4T plantea que sea por voto popular, Loretta Ortiz señaló que no hay modelo único en el mundo para esta designación.
“Lo cierto es que la separación y la independencia de los poderes públicos constituye un principio general del derecho, y en derecho internacional una norma consuetudinaria, además las garantías de independencia e imparcialidad de todo órgano con funciones jurisdiccionales componen una obligación asumida por todos los Estados en virtud de los tratados, expresó sin ambages.
La ministra refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia judicial en los Estados.
“Ha señalado, en particular, la importancia de que los procesos cuenten con criterios selectivos, basados en el mérito personal y capacitación profesional de las personas candidatas y que se rijan por los principios de transparencia, y que garantice a todas las personas participar para los cargos sin discriminación e igualdad”, dijo Loretta Ortiz, quien ll egó al pleno de la Corte a propuesta del presidente López Obrador, igual que en el caso de Yasmín Esquivel, ambas esposas de hombres cercanos al primer mandatario.
La ministra concluyó reafirmando que cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que estas garantías mínimas estén consagradas constitucional y legalmente.
Al concluir el encuentro con los ministros, Ignacio Mier Velazco reiteró que la “chispa” que detonó los conversatorios para la designación de los ministros que integran el pleno de la Corte es el artículo 96 de la Constitución.
Respecto a los recursos que se asignan al Poder Judicial para salarios y operatividad, el líder de Morena en San Lázaro expresó que se trata de un ejercicio no legal, es un ejercicio moral, es una reflexión moral, de empatía con los mexicanos. De revisar si el capítulo mil, y las contraprestaciones que derivan de él, es justo para el pueblo de México. Si no es un costo elevadísimo, exagerado, oneroso para los mexicanos los salarios que perciben (los ministros)¿. O la manera en que distribuyen el capítulo 3000 básicamente. Eso lo tienen que revisar ellos, o la manera en que configuraron sus fideicomisos; si es moralmente válido, no legal, porque ya determinaron que es legal, pero (preguntarse) si es moral, que tengan fideicomiso de compensación para pensiones y jubilaciones de casi 5 mil millones de pesos, u otro fideicomiso de casi 4 mil 500 millones de pesos al mes de marzo para compensar gastos médicos y de medicamentos para ellos”.
Ignacio Mier Velazco dijo que actualmente hay 29 iniciativas al Poder Judicial, y en septiembre habrá parlamento abierto para presentar una iniciativa en la que se escuchen todos los involucrados en la reforma al artículo 96 de la Carta Magna y otros temas.
Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .