La Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (JUFED) repudió las agresiones por parte de granaderos y personal de seguridad sin uniforme, en contra trabajadoras y juzgadoras que se manifestaron el pasado martes contra la reforma en vigor del Poder Judicial de la Federación en las inmediaciones de Palacio Nacional en el marco de la reunión de líderes empresariales mexicanos y de Estados Unidos.
La asociación señaló que los manifestantes realizaron protestas pacíficas que tenían el objetivo de informar a las y los empresarios de los riesgos de la reforma judicial para sus inversiones y los derechos laborales de los integrantes del PJF. Sin embargos, elementos del cuerpo de granaderos amenazaron con agredir a mujeres, luego a personas adultas
mayores y a juzgadores, si no cesaba la manifestación en los alrededores de la Presidencia de México.
“De estas amenazas existen múltiples registros en poder de medios de comunicación y de personas trabajadoras. Intentar inhibir el derecho a la libre manifestación con amenazas directas de violentar a mujeres, personas adultas mayores, trabajadoras y juzgadoras, es un acto violatorio a la Constitución que motiva una enérgica condena”, manifestó la JUFED en un comunicado.
Señalaron que hubo violaciones en flagrancia contra al derecho a la manifestación, y recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia establece que “es deber de las autoridades el facilitar las protestas en espacios públicos. Cualquier agresión injustificada por parte de la policía en un contexto de protesta constituye una violación a los derechos humanos y debe ser sancionada conforme a las leyes mexicanas e internacionales. Estas agresiones y amenazas no hacen más que revelar el talante autoritario del gobierno que instruyó a tal cuerpo de seguridad y personal vestido de civil a amenazar con ejercer violencia directa y específica contra personas trabajadoras y juzgadoras. Se ha buscado el diálogo franco y abierto con la presidenta Claudia Sheinbaum y en retorno se ha recibido cerrazón y, ahora, violencia institucional”, reprochó la asociación.
En redes sociales se difundieron imágenes y videos en los que se observa a un uniformado con el indicativo 'Ocelotl', como el nombre que recibieron las 340 unidades blindadas adquiridas por la Sedena en el gobierno de López Obrador blindados y valuadas en más de 10 millones de pesos cada una, que amenaza a una persona de la tercera edad con salir de la protesta, porque "iba a comenzar a detener mujeres".
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