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SCJN admite a trámite acción de inconstitucionalidad en contra del traspaso de la GN a la Sedena

Esta demanda se suma al amparo que promovió la organización Uniendo Caminos México contra el decreto y otorgado por por la jueza novena de Distrito con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, quien ordenóque frena de forma indefinida que la Guardia Nacional permanezca bajo el control civil de la SSPC.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por senadores de oposición en contra de que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como ordena un decreto publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El lunes 24 de octubre el pleno de la máxima Corte del país notificó que se admitió a trámite el recurso legal comprendido en el expediente 137/2022, en el que se busca declarar la anulación e invalidez del citado decreto mediante el cual se establece y ordena el traspasó del mando de la Guardia Nacional a la Sedena y dejar sin ninguna autoridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que por tener carácter civil debería mantener la autoridad y control del naciente cuerpo de seguridad.

La acción de inconstitucionalidad es promovida por senadores de oposición, quienes votaron en contra de modificar la operatividad de la Guardia Nacional, que nació como un cuerpo civil y cuyo control debe mantenerse por una autoridad civil como la SSPC y no por una autoridad militar.

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Como representantes de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la oposición fueron designados Julen Rementería del Partido Acción Nacional; Miguel Ángel Mancera, de la Revolución Democrática; Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional; Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano y Emilio Álvarez Icaza del Grupo Plural.

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Esta demanda de la oposición se suma al amparo que promovió la organización Uniendo Caminos México contra el decreto y que fue frenado de forma indefinida por la jueza novena de Distrito con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, quien ordenó que la Guardia Nacional permanezca bajo el control civil de la SSPC.