
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio del proceso de escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam Banco, como parte de una estrategia para garantizar la estabilidad del sistema financiero, tras su reciente intervención gerencial derivada de presuntas irregularidades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
Según informó la dependencia federal, el objetivo principal es asegurar que los fideicomisos actualmente administrados por ambas instituciones continúen operando de forma regular. Para ello, se llevará a cabo una transferencia temporal de las funciones fiduciarias a entidades de la banca de desarrollo mexicana, bajo supervisión constante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras.
La intervención se enmarca dentro de las disposiciones previstas en la Ley de Instituciones de Crédito, y responde a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el pasado 25 de junio incluyó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en una lista por posibles vínculos con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Apenas dos días después de dicha acusación, la CNBV decretó la intervención temporal de las tres instituciones financieras, con el fin de proteger los recursos de los clientes y mantener la confianza en el sistema bancario mexicano. De acuerdo con estimaciones, CIBanco cuenta con aproximadamente 7 mil millones de dólares en activos, mientras que Intercam dispone de unos 4 mil millones.
Durante esta etapa de reorganización fiduciaria, las autoridades garantizarán que se mantengan los controles regulatorios y operativos correspondientes, asegurando que no se interrumpa la administración de los fideicomisos ni se vulneren los derechos de los fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados.
Adicionalmente, Hacienda adelantó que se trabaja en un esquema de transmisión definitiva del negocio fiduciario a instituciones financieras privadas, en condiciones que brinden certeza jurídica y operativa para todos los participantes. Este proceso buscará consolidar una solución estable a largo plazo que refuerce la transparencia y la integridad del sistema fiduciario nacional.