Una de las ideas más aceptadas en la teoría económica es que la competencia promueve la eficiencia y maximiza el bienestar social. La competencia económica constituye un pilar fundamental para el funcionamiento eficiente de los mercados. Cuando coexisten múltiples empresas, éstas tienen incentivos para innovar, mejorar la calidad de sus productos y servicios, ofrecer una mayor variedad de productos y reducir precios, todo con el fin de atraer a más clientes. Así, la competencia no solo beneficia a los consumidores, sino que también contribuye a una asignación más eficiente de los recursos, impulsando el crecimiento y dinamismo de la economía en su conjunto.
Sin embargo, la cultura de la competencia no fue una prioridad del Estado mexicano sino hasta finales del siglo pasado, en el marco de la transición hacia una economía más abierta al mundo y orientada al mercado como motor del crecimiento. En este contexto, en junio de 1993 se promulgó la primera Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y se creó la Comisión Federal de Competencia, órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal.
A partir de entonces y hasta este 2025, la política de competencia en México transitó por tres grandes etapas. La primera se vincula con el establecimiento de la LFCE y la instalación de la Comisión, en un entorno complejo donde la cultura de la competencia era prácticamente inexistente. La segunda etapa corresponde a las reformas de 2006 y 2011 a la ley, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión, dar mayor certeza jurídica mediante reglas más claras y facilitar las funciones de investigación y sanción. Entre los avances más relevantes destacan la implementación de visitas de verificación sorpresa, el Programa de Inmunidad y el incremento en los montos de las multas.
La tercera etapa se inaugura con la reforma constitucional de 2013, que otorgó autonomía constitucional a la que se denominó Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con el objetivo de blindarla frente a la injerencia política. Asimismo, se introdujo un proceso riguroso para la designación de comisionados, privilegiando perfiles técnicos y especializados.
El camino no ha sido sencillo, después de todo, nadie quiere perder los beneficios de ser un monopolio. La falta de jueces especializados —que no surgieron sino hasta 2013— facilitó la judicialización de los casos y permitió que muchas empresas redujeran o evadieran las sanciones impuestas. Sin embargo, los resultados han sido significativos.
En ocasiones es difícil observar los beneficios de la competencia pues a menudo suelen ser intangibles como el hecho de contar con una televisión que dura por muchos años y cuya pantalla tiene una resolución extraordinaria. Sin embargo, bajo ciertas condiciones es posible cuantificar los beneficios. A través de metodologías rigurosas, la Cofece por ejemplo, a partir de casos resueltos en el año 2024 estimó beneficios económicos por alrededor de 700 millones de pesos, además de las multas impuestas ese año por otros 974 millones. De acuerdo con datos de la propia Cofece, entre 2013 y 2023, la institución generó 6 pesos en beneficios económicos por cada peso de su presupuesto.
Ahora comienza una nueva etapa con la reforma constitucional de 2025, que creó la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), la cual será un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía y ya no un organismo autónomo constitucionalmente. El nuevo diseño institucional reduce el número de comisionados de siete a cinco, los cuales serán nombrados de manera escalonada y durarán en su cargo 7 años sin posibilidad de ser electos nuevamente. Los comisionados serán propuestos por el o la presidenta de la República y ratificados por el Senado y deberán contar con al menos 8 años de experiencia en su actividad profesional en temas relacionados con la competencia. La designación escalonada busca que el poder ejecutivo en turno no haya escogido personalmente a todos los comisionados y la experiencia requerida busca asegurar perfiles capacitados.
Un elemento positivo es que la reforma incrementa las multas máximas: de un 10% de los ingresos a hasta un 15% de los ingresos de la empresa en casos de prácticas monopólicas absolutas y de un 8% al 10% en el caso de prácticas monopólicas relativas. Otro cambio positivo importante es que se reducen los tiempos máximos para la resolución de los casos.
Así, si bien la nueva ley no parece tener retrocesos graves y presenta algunos elementos de mejora, se presentan retos importantes. El primero es la posible disminución de la independencia de la nueva entidad. ¿Quiénes serán los comisionados nombrados? La experiencia reciente con el Tribunal Federal Electoral es un ejemplo que nos enseña que, a pesar de un diseño institucional bien planeado, la elección de las personas es sumamente relevante y que mayorías en el Congreso no son las mejores consejeras para una buena toma de decisiones. Un dicho común es que para que haya democracia se necesitan demócratas. Con la nueva ley de competencia podemos decir lo mismo, para que haya independencia se necesita que el ejecutivo crea en los beneficios de contar con comisionados realmente independientes. Y aquí la pregunta: ¿MORENA y la 4T creen en la competencia como catalizador del crecimiento económico y del bienestar social o la existencia de la Comisión sólo responde a cumplir con las exigencias del TMEC?
Otro reto crítico es el papel que jugarán los tribunales especializados en el contexto del nuevo poder judicial. La reciente elección del 1 de junio pasado dejó dudas sobre la idoneidad de muchos jueces y magistrados electos. ¿Los nuevos jueces contarán con la independencia y conocimientos necesarios para enfrentar casos complejos? ¿Serán menos proclives a actos de corrupción?
La reciente reforma y su efectividad dependerá en mucho de quiénes serán los comisionados seleccionados y de su independencia no sólo del poder político sino también del económico y en la actuación de los tribunales especializados, así como de la voluntad política del gobierno para fortalecer la competencia como herramienta para el crecimiento y el bienestar social. También será esencial que no se pierda todo el capital humano y conocimiento técnico que se ha desarrollado a lo largo de estos 30 años en las diferentes comisiones y que el nuevo ente encargado de la política de competencia tenga el presupuesto para funcionar de manera adecuada.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
El autor del presente artpiculo es profesor-investigador del Departamento de Economía
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX.