En los comicios de 2018 confluyeron distintas crisis que permitieron el arribo de López Obrador a la presidencia, otorgándole a su partido la hegemonía en 20 de 32 congresos locales y el gobierno de 15 capitales estatales. En primer lugar, una crisis de nuestro sistema democrático que agobiado por una corrupción endémica generó un creciente malestar social; en segundo lugar, una crisis de la representación política caracterizada por un profundo distanciamiento entre los ciudadanos y los partidos tradicionales, y finalmente, una crisis de legitimidad derivada de la persistencia de la pobreza y la exclusión expresadas en la grave desigualdad social aún existente. Desesperados por esta situación millones de ciudadanos dieron un voto de confianza a un político carismático, clientelar y populista que ofreció transformar radicalmente esta injusta realidad para colocar a nuestro país en la senda de la modernidad.

Bastaron menos de 24 meses para ver traicionados todos los ideales de una democracia de calidad y deliberativa, con amplia participación ciudadana y atenta a los problemas de la marginación social. Apenas tomó el poder, López Obrador inició la destrucción institucional de México al imponer su visión patrimonialista del Estado. No sólo se cancelaron importantes proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo social, también permitió el regreso a la vida política de personajes ampliamente cuestionados por su corrupción, los conflictos de interés se establecieron como parte sustantiva de la acción gubernamental, al tiempo que floreció el más descarado nepotismo entre sus colaboradores. Prácticamente, no ha existido un solo día de la actual administración en la que no asome la estigmatización contra los opositores, la crítica a la prensa libre y la mentira como discurso de gobierno. Por si fuera poco, al igual que los regímenes fascistas, el presidente no pierde oportunidad para dividir al universo político entre amigos y enemigos, entre conservadores y revolucionarios, entre ricos y pobres, en una palabra, entre buenos y malos. El fanatismo del: “están conmigo o están en mi contra”, es parte central de la visión dogmática del mundo que se promueve desde el poder.

En este contexto, las fuerzas opositoras tienen una gran responsabilidad. Deben aprender las lecciones derivadas de su momentánea derrota electoral y dejar de lado sectarismos de todo tipo. Una oposición unificada es la alternativa, cuando ella se diluye, se debilita el esquema democrático de los pesos y contrapesos. Es urgente recuperar la iniciativa política para defender nuestra institucionalidad democrática del autoritarismo que la acecha. López Obrador y su séquito de vividores de la política llegaron al poder a través del voto, y será por medio del sufragio que deberán irse. No existe otro camino.

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