Una cosa es ser empresario y otra muy diferente representarlo, el comentario viene a cuentas por la lista de 100 empresarios, de los cuales asistieron 75 a la cena en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó cooperación millonaria para la compra de boletos de la rifa del avión presidencial. La realidad es que no todos los asistentes a la cena tienen la dimensión económica para disponer de 20 millones de pesos de su bolsillo para atender la demanda presidencial.El gran desconocimiento de las estructuras de los organismos de iniciativa privada hacen peligrar la promesa de comprar miles de boletos y el caso más emblemático es el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, quien a decir verdad no es empresario, sino sólo los representa.

El actual presidente del CCE, durante más de 45 años trabajó para Fomento Económico Mexicano, lideró diversas operaciones incluyendo FEMSA Cerveza, Coca-Cola FEMSA y finalmente la Dirección General del corporativo. Sin lugar a dudas un brillante ejecutivo, a tal grado que lo invitaron a ser parte del consejo de BBVA, pero no es empresario y vive de su trabajo.

El CCE reúne a organismos cúpulas de diferentes sectores y diversos intereses. Lo mismo que sucede con Salazar Lomelí, pasa con representantes de bancos. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera es un alto ejecutivo de Grupo Salinas, que tiene el Banco Azteca, pero estamos seguros que no cuenta con los recursos para aportar a la rifa presidencial. Lo mismo sucede con otros organismos como la AMIS o AMIA.Otra cosa es el Consejo Mexicano de Negocios, en donde ahí están los grandes generales de la industria. Es un organismo que aglutina directamente a los dueños o principales accionistas de las empresas en carne y hueso. Ahí están José Antonio Carbajal de Grupo FAMSA, Fernando González de Cemex, Carlos Slim, Daniel Servitje de Bimbo o Germán Larrea de Grupo México etc.. Ellos, en una noche pueden aportar los 2 mil millones de pesos y mucho más.

Las prácticas corporativas de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que también se llama gobierno corporativo, impiden que los directores generales, como el caso de Salazar Lomelí en Femsa, pueda disponer de 100 millones de pesos para una rifa.

Que hay manera de camuflearlos y meterlos a los estados financieros como “otros gastos” es posible, pero entonces ya no estaríamos hablando de honestidad y lucha contra la corrupción. Se estaría institucionalizando la transa, sería un gobierno que dice una cosa e instiga para hacer otra.

DEBATE. Hoy se realiza el Parlamento Abierto en materia de Subcontratación en la Cámara de Diputados. Ahí se escucharán voces de empresarios, gobierno, líderes sindicales, expertos y académicos. Para TallentiaMX, que encabeza Elías Micha, existe un submundo de malas prácticas que no cumplen con lo que la Ley Federal del Trabajo establece y para resolverlo propone dos grande soluciones. La creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación y la instrumentación de un sistema de fiscalización interinstitucional como el que ha puesto en marcha el Ejecutivo Federal. juliobrito@cronica.com.mxjbrito@yahoo.com@abritoj