La Ciudad de México puede sentirse orgullosa por el avance que ha tenido en temas de inclusión y respeto a la preferencia y la identidad sexual de todas y todos sus habitantes.

Históricamente la población “trans” —como es descrita por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con el término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de trasgresión / transición / reafirmación de la identidad de y/o expresión de género (incluyendo a personas transexuales, transgénero y travestis, entre otras) cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerde con la identidad y/o expresión de género de la persona— ha sido víctima de discriminación, rechazo y escarnio. Es la población que más sufre discriminación en América Latina y en México, especialmente por la falta de acceso a la salud.

Es importante resaltar que el reconocimiento de todos los derechos de la comunidad trans no es un favor ni una dádiva, es el pleno reconocimiento a un elemento constitutivo de su personalidad, como bien lo explica la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello es vital que los Estados reconozcan de forma plena la diversidad de género para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la protección contra la violencia, la salud, la educación, el empleo y la vivienda, como mandata el párrafo quinto de su artículo primero de la Constitución, que explícitamente prohíbe cualquier acción que atente contra la dignidad humana o bien que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, las cuales tengan su origen en prejuicios del género, sexo, y preferencias sexuales.

Lo cierto es que a pesar de que nuestro marco jurídico contempla que todas las personas gocen de los derechos humanos, esta realidad jurídica no ha permeado las realidades sociales de las personas trans, al existir aún entre particulares y servidores públicos, quienes se empeñan en perpetuar acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan su dignidad, derechos y libertades.

A fin de garantizar su acceso a la salud, en diciembre pasado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, propuso crear una clínica especializada en la población trans. La iniciativa es digna de reconocimiento y desde el Congreso de la Ciudad de México saludamos y compartimos el compromiso progresista de esta administración; sin embargo, activistas y colectivos de la comunidad trans han manifestado su preocupación frente la posible creación de una “clínica trans”, por distintas razones. Para escuchar estas razones, diputadas y diputados nos reunimos con representantes de la comunidad trans el pasado 21 de febrero de este año.

Entre los argumentos expuestos ese día está el considerar discriminatoria la denominación de “clínica trans”, por las connotaciones directas patológicas. Es decir, ser trans no es una enfermedad, es una condición humana que depende de la libertad y de los derechos fundamentales de cada persona a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad. No atender este llamado perpetúa la falsa creencia de que las identidades de género son modas, caprichos o enfermedades. En la reunión también revisamos modelos parecidos que han fracasado en otros países, justo porque incitan a la discriminación por segregación y aislamiento.

Otra de sus preocupaciones fue la concentración de atención en un solo establecimiento, lo que atenta en términos de inclusión, igualdad territorial y movilidad.

En respuesta a esta reunión, presentaré un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, a que rinda un informe pormenorizado del estado que guarda el proyecto denominado Clínica Especializada para la Población Transexual, Transgénero y Travesti de la Ciudad de México.

También le exhortamos a designar a una comisión como enlace, a fin de generar mesas de trabajo con el propósito de escuchar y atender conjuntamente las demandas de esta población.

Estoy convencida que tomar en cuenta la voz de la comunidad trans en la definición de políticas y acciones públicas destinadas a garantizar los derechos transversales, especialmente en materia de salud pública, y en coordinación con las comisiones competentes del Congreso de la Ciudad de México, ayudará a construir la sociedad que todas y todos merecemos.

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

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