La semana pasada, la Cámara de Diputados por fin aprobó una reforma al Artículo 19 constitucional para elevar de siete a 16 el catálogo de delitos graves que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Los delitos graves que se añadieron al artículo 19 son: el robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, a transporte de carga, desaparición forzada y portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

Y si bien esta reforma es un gran paso para la seguridad ciudadana, misma que desde este espacio reclamábamos constantemente, nuestros legisladores se quedaron cortos al dejar fuera delitos de mayor comisión y que día a día perjudican a transeúntes y usuarios del transporte público, así como el narcomenudeo y extorsión, mejor conocido como cobro por derecho de piso a comercios.

Por ello, y aunque los diputados mostraron buena voluntad, el Poder Legislativo le sigue debiendo a la ciudadanía la incorporación de estos delitos, así como la creación de todo un método científico de investigación de nuestros policías, toda vez que, organismos nacionales e internacionales aseguran que México tiene una de las peores policías de investigación del mundo.

Incluso, estudios recientes nos dicen que más de la mitad de los países latinoamericanos, entre ellos México, figuran entre los peor posicionados del primer Índice Internacional de Seguridad y Policía, mismo que se dio a conocer en Ginebra, Suiza, y en el que se midió la eficiencia de los cuerpos policiales y el resultado en términos de seguridad ciudadana e investigación.

En este ejercicio mundial se tomaron dos años de mediciones y sondeos a la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y al Instituto para la Economía y la Paz; además de los datos anteriores, se resaltó que las mejores posiciones de esta lista las ocupan países europeos.

En contraparte y por regiones, el continente africano presenta los peores resultados y lo lamentable es que los países latinoamericanos como México y Venezuela aparecen en ese listado entre los países africanos, lo que nos obliga a reflexionar sobre las causas que nos colocan en tan penoso lugar, que en primer término es la carencia de una adecuada estrategia de investigación lo que limita a una adecuada conformación de la carpeta de investigación al interior del Ministerio Público (MP), integración de una averiguación previa, la preservación del lugar de los hechos, acopio de indicios y, sobre todo, la voluntad de nuestras policías de querer hacer su trabajo.

Por si fuera poco, al interior del MP también existen grandes problemas, desde la pésima atención a víctimas y a las personas que acuden a presentar una denuncia, hasta la corrupción que ha reinado por décadas y para muestra basta un botón, pues el pasado fin de semana el líder de una banda de colombianos que opera en la Ciudad de México se dio a la fuga desde el Hospital General Balbuena a pesar de estar custodiado por policías judiciales.

Antes de eso, este hombre de 24 años de edad, había sido detenido en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía de Venustiano Carranza por su posible participación en un robo de 800 mil pesos a un cuentahabiente; posteriormente, al resultar herido, fue trasladado a dicho nosocomio para su revisión y de acuerdo a testigos, el detenido pidió a su custodio permiso para ir al baño por lo que le fueron retiradas las esposas y como si nada, el colombiano salió caminando del hospital para darse a la fuga.

Lo lamentable es que este caso no ha sido el primero en la capital del país, ya que hay registros de que esta historia también se ha repetido en distintas ocasiones en el Hospital de Xoco. ¿Usted cree que se trate de simples descuidos? Saque usted estimado lector sus propias conclusiones, pero mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General capitalina no se profesionalicen, casos como éstos van a seguir ocurriendo, lo que representa un ejemplo de la inmensa descomposición policiaca de esta ciudad.

Por ello, el Congreso local debe crear el marco normativo para evitar que siga expandiéndose la corrupción que existe al interior de la Policía y para garantizar una capacitación continua y así puedan brindar un adecuado servicio al público y, sobre todo, para actualizar sus métodos científicos de investigación, que por los resultados que obtienen estas dependencias, no creo que sean los más apropiados.

Con todo ello y con una mayor apertura del catálogo de delitos graves, las estadísticas delincuenciales podrían ir a la baja y, ojo, no se trata de saturar las cárceles del país que, por cierto, sufren de una grave sobrepoblación, sino de implementar medidas más eficientes para que las personas que cometen delitos graves no anden deambulando por las calles con libertad bajo fianza y así abonar a una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

Twitter: @julioc_moreno